Las indagatorias contra el exministro Arturo Zaldívar y varias decenas de sus cercanos en el Poder Judicial parece que serán un tema únicamente que alcance lo electoral pues, en la práctica, la simple filtración de los documentos desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación echaría abajo la investigación y eliminaría la posibilidad de establecer sanciones contra los señalados. En el máximo tribunal y, más específicamente en el Consejo de la Judicatura Federal, ambos presididos por Norma Piña Hernández, se sabe que el proceso administrativo que se le intenta iniciar a Zaldívar Lelo de Larrea debería pasar por un esquema similar al de un procedimiento judicial, es decir, la filtración a los medios de comunicación de la indagatoria resulta violatoria del llamado debido proceso.
Lo anterior lo tenía perfectamente claro la ministra Piña. Se sustenta esta afirmación en el Acuerdo General del Pleno del CJF para iniciar procesos administrativos, el mismo que en su Artículo 132 establece que las quejas o denuncias, incluyendo las anónimas, deberán acompañarse de elementos probatorios suficientes para determinar la existencia de la falta administrativa, de lo contrario éstas deberán desecharse de plano. De hecho, el Consejo de la Judicatura tuvo que difundir ya un comunicado de prensa en el que reconoce por adelantado que las pesquisas probablemente no prosperen, y hasta tuvo que abrir un procedimiento adicional para indagar el origen de la filtración de los documentos que involucran a más de 60 integrantes del Poder Judicial.
En este contexto, el tropiezo de la Corte y el CJF podría tener un efecto boomerang, empezando por un posible proceso de Juicio Político contra Norma Piña; al mismo tiempo, la ministra presidenta podría meterse en problemas con la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, de José Agustín Ortiz Pinchetti, el Instituto Nacional de Transparencia, de Adrián Alcalá, y el Instituto Nacional Electoral, de Guadalupe Taddei.
Veremos entonces en los próximos días hasta donde llegarán las indagatorias por las filtraciones, las cuales, de realizarse de lleno y a profundidad, llevarían muy seguramente a los autores de la denuncia contra el grupo que identifican con Arturo Záldivar. Las pistas apuntan a que ésta surgió del interior de la propia Corte, específicamente de la ponencia del ministro que tiene menos que perder, porque en cuestión de meses estará entregando la toga.
De identificarse en la elaboración de la denuncia anónima a actores externos al Poder Judicial, seguramente los señalamientos irían a parar a la zona de Insurgentes Norte en la Ciudad de México, desde donde despacha en su oficina del PRI “Alito” Moreno, pero principalmente a la zona de las Lomas, donde tiene oficinas Santiago Creel. Este pleito se pone sabroso.
