La Pandemia del Covid-19 se ha convertido en una contingencia global sin precedentes, pues se trata no solo de una amenaza para la salud, sino de una perturbación a la economía mundial de tal magnitud que se ha llegado a considerar como la crisis más retadora que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial.
Al respecto, los gobernantes deben estar, más que nunca, a la altura de las necesidades de sus representados. Sin duda nadie está preparado para una etapa tan compleja como la que estamos viviendo, de ahí que se deban multiplicar los esfuerzos para lograr los mejores resultados posibles a través de la unidad de todos los sectores. Es momento de fortalecer la participación democrática en la toma de las decisiones para afrontar esta crisis.
Desafortunadamente en nuestro país, el gobierno federal se está quedando corto pues no ha establecido una estrategia integral para atender esta contingencia. Contrario a la experiencia internacional de apoyo a la población y a los sectores productivos, en nuestro país se siguen las fórmulas del Presidente, las prioridades que él tiene, no las que los mexicanos tenemos, esto es, en vez de destinar los recursos a la atención inmediata de la pandemia, lo único que tiene recursos asegurados son sus programas clientelares y sus proyectos inviables como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía.
Esto lo vemos plasmado en el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado en el DOF el 23 de abril del año en curso, el cual en su artículo segundo transitorio establece: “Este Decreto se convertirá en una iniciativa de ley que estoy enviando con carácter de estudio prioritario y, en su caso, de aprobación inmediata a la H. Cámara de Diputados”.
Iniciativa que efectivamente llegó a la Cámara de Diputados al día siguiente de la publicación de dicho Decreto, la cual causó revuelo en múltiples sectores como el académico, la sociedad civil y por supuesto desde el ámbito político, esto por su contenido ampliamente cuestionable, la adición de un artículo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria por el que el presidente pretendía otorgarse atribuciones para reasignar libremente el presupuesto directo a sus prioridades en caso de emergencia económica.
Este proyecto es refutable desde muchos aspectos, empezando por su notoria inconstitucionalidad ya que atenta contra la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para analizar, discutir, modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por si lo anterior no fuera suficiente para invalidar dicho proyecto, nos encontramos con un texto que no define claramente cuándo se va a aplicar, ni topes para la reasignación, por lo que su vaga redacción promueve la opacidad y el uso discrecional de los recursos.
Esta situación denota la clara intención del presidente de concentrar cada vez más poder en sus manos, pues no le basta con tener mayoría en ambas cámaras, ni tampoco con el debilitamiento de las instituciones y de los órganos autónomos como el INE, ahora va por el control presupuestal.
Ante ello, afortunadamente las distintas fuerzas políticas de oposición, en representación de todas las voces que se alzaron en contra de dicho proyecto, conformamos un frente común para frenar por el momento la intentona del presidente, de Morena y sus partidos aliados, de sacar en fast track esta iniciativa sin pies ni cabeza.
Sin embargo esta victoria no garantiza que desistan de su intención de convocar a un periodo extraordinario para discutir la reforma. Al respecto, los legisladores del PAN hemos expresado que vamos a rechazar todo proyecto que atente contra el equilibrio de los poderes y los contrapesos que son necesarios en todo gobierno democrático.
Porque en estos tiempos de incertidumbre e inestabilidad los ciudadanos merecen acciones contundentes, merecen un Congreso participando activamente en la toma de las decisiones para afrontar esta contingencia, no un Congreso que discuta iniciativas que no resuleven en nada nuestras problemáticas.
En ese sentido, los legisladores de diversos partidos proponemos un diálogo nacional que derive en una agenda propositiva para enfrentar la pandemia del Coronavirus, queremos sesionar, pero para participar en la construcción de verdaderas soluciones a través de ejercicios democráticos, de la mano de todos los sectores de la sociedad.
Es tiempo de dejar a un lado las diferencias partidarias y los caprichos presidenciales para apostar por el consenso a fin de alcanzar un bien superior, que nuestro país salga adelante.
rigo.mares@diputadospan.org.mx
Diputado Federal de Baja California Sur por el Partido Acción Nacional