Ser uno de los estados más seguros del país, no es cosa menor, pues estar en la segunda posición de la tabla nacional de entidades con mayor índice de seguridad, ha coadyuvado de forma importante al pujante crecimiento de nuestra economía, del turismo, la inversión y el sano desarrollo de la sociedad sudcaliforniana. Sin embargo, esto no ha sido producto de la casualidad, es el resultado, primero, de una estrategia integral orientada a atender las causas que originan la inseguridad y la manifestación de los delitos, además de una sincronización y coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno y todas las corporaciones de seguridad.

Hay que decirlo con todas sus letras, nuestro estado atravesó en pasados años una ola de inseguridad y violencia nunca antes visto, que puso en alerta la vida de muchas familias que fueron víctimas de daños colaterales en muchos hechos delictivos. Es de destacar que el Gobierno del Estado, que encabeza el Profr. Víctor Manuel Castro Cosío, desde el primer día de gestión puso manos a la obra y puso en marcha una estrategia coordinada y organizada que regresaran la paz al pueblo sudcaliforniano, de la mano de los cinco ayuntamientos, con el apoyo total e irrestricto de las fuerzas federales y fortaleciendo a las corporaciones estatales encargadas de brindar seguridad y garantizar la paz. En este rubro, destaca el trabajo y los resultados de la mesa de seguridad, misma que opera todos los días y cuyo objetivo, refleja el anhelo de un pueblo pacífico y un estado garante del bienestar de sus familias. Es obvio que esto es una tarea ardua y permanente, pues el delito siempre estará presente y se manifestará de diversas formas.

Por ello, en el ámbito de la procuración de justicia, podemos destacar que, en esta administración estatal a través de la PGJE, se logró incrementar la judicialización de homicidios dolosos pasando de un 10 a un 75%. Se obtuvieron más del 80% de órdenes de aprehensión en solicitudes hechas al Tribunal Superior de Justicia del Estado y se lograron concluir tan solo el pasado año con 2,645 acuerdos reparatorios con un importe de más de 47 MDP por concepto de reparación de daño. Por su parte, se iniciaron las gestiones para la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Los Cabos, contando ya con la donación del predio. Además, se entregaron a la unidad K-9 de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, dos binomios caninos para el apoyo en la búsqueda de restos humanos y detección de narcóticos, contando ya con elementos manejadores acreditados que fortalecen esta estrategia.

Que quede muy claro, la seguridad pública es un eje fundamental en la política del actual gobierno estatal, por ello, respecto a la infraestructura y equipamiento en esta materia, podemos destacar la inversión más de 13 MDP en la construcción de la Comisaría de Mulegé, que tiene capacidad para 30 elementos y 5 radiopatrullas, garantizando así instalaciones y presencia de la Policía Estatal en los cinco municipios. Por su parte, se han hecho entrega de 27 unidades para la Policía Estatal Preventiva, así como 896 uniformes completos para nuestros elementos estatales y de penitenciarías, 263 lámparas tácticas y equipos de cómputo. Por otro lado, se han regularizado 29,405 vehículos y se han colocado cuatro arcos de monitoreo vehicular, con una inversión superior a los 5 MDP.

El fortalecimiento de la Policía Estatal Preventiva ha tenido un avance importante, logrando cumplir con 142 estándares internacionales y logrando la certificación CALEA, como agencia de aplicación de la ley. Notable comentar que, en esta estrategia integral, la misma PEP creó la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, donde se han obtenido resultados positivos en la atención a estos grupos prioritarios.

La frase de que “La seguridad es tarea de todos”, va más allá de un simple eslogan, implica el compromiso y voluntad como el que hasta el momento han sumado el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, la Procuraduría General de Justicia, la Policía Estatal Preventiva, las Policías municipales, así como todos los entes públicos de los ayuntamientos, el gobierno estatal y el federal, quienes tenemos la corresponsabilidad de seguir reforzando la estrategia de seguridad, prevenir el delito y mantener la fuerza de reacción que garantice la tranquilidad del pueblo sudcaliforniano. En este trayecto, todos somos parte importante en el crecimiento y el desarrollo económico, turístico y social de nuestro estado. No echamos las campanas al aire, es un ejercicio de responsabilidad y reconocimiento de que Baja California Sur nos une y que por ello mismo, no podemos permitir que nadie se quede afuera y que nadie se quede atrás.