La California del sur peninsular (primera de todas, valga reiterarlo) es fruto de un prolongado proceso de preocupaciones y búsquedas de la colectividad por realizarse existencialmente como entidad política, económica y social.
Sus raíces profundas se hallan en lo más remoto de su historia, cuando, pocos años después de quedar integrada a la nación mexicana independiente, hubo de enfrentar el acoso extranjero, estadounidense principalmente, para sustraer su territorio a la geografía de los anglosajones, como ocurrió a la parte continental de las Californias, junto a otros espacios del norte, resultado lamentable de la guerra injusta de 1846 a 1848 contra nuestra joven república.
En tales circunstancias bélicas estuvo ininterrumpidamente presente el mexicanismo de la mayoría del pueblo sudcaliforniano, cuyo origen indiano e hispánico estructuró su identidad y la pertenencia al país, que se conformó con los territorios, la cultura, la lengua y la religión de la desaparecida Nueva España.
La lejanía del resto de la república, agravada por la falta de vías comunicacionales y medios de transporte, con las consecuencias inevitables de carencia, carestía y otras muchísimas dificultades para subsistir, fueron creando en la conciencia general un sentimiento de marginalidad que debió ser sustituido por el de la autosuficiencia en todos los sentidos.
Durante el siglo XIX, California meridional fue tan convulsa como toda la nación, en violentas búsquedas para definirse ellas mismas, entender su presente y diseñar su destino.
La etapa porfiriana y los cambios revolucionarios, ya en el siglo XX, continuaron completando la fisonomía de este pueblo, cuyas preocupaciones sociales se sintetizaron en la organización del Frente de Unificación Sudcaliforniano.
Se trataba de un frente pues la lucha que acometía era abierta, sin encubrimientos y a la luz del día; era de unificación porque aspiraba a ser la voz que aglutinaba a todas las voces; y era sudcaliforniano, genuinamente sudcaliforniano, profundamente sudcaliforniano.
Así, el FUS planteó al general Francisco J. Múgica, gobernador del Territorio, el anhelo de ver gobernada la tierra propia por uno de sus hijos; el propósito nativista se cumplió con la designación del general Agustín Olachea como nuevo gobernador de esta provincia.
Más tarde, una nueva generación levantó las banderas fusistas y reclamó al gobierno federal la nominación de un gobernante civil, que fue finalmente satisfecho con el arribo de Hugo Cervantes del Río a la gubernatura.
Algunos años después, un nuevo movimiento de preocupaciones similares convergió en “Loreto 70”, con la exigencia de gobernantes nativo o con arraigo al poder central, que halló realización al ser nombrado como ejecutivo territorial a Félix Agramont Cota, a quien correspondió reinstaurar el régimen municipal dos años más tarde.
El 10 de mayo de 1974, en conferencia de prensa efectuada pocos minutos después de su llegada de un viaje de trabajo a la ciudad de México, el gobernador dio a conocer la convicción expresa del presidente Luis Echeverría de haberse dado ya las condiciones para la elevación de esta entidad a miembro autónomo de la Federación mexicana.
El 1 de junio siguiente, al asistir el presidente a Cabo San Lucas a la celebración del día de la Marina, se le hizo llegar el documento por el cual le era enunciada la petición de iniciar la conversión de esta media península en Estado.
El 1 de septiembre, Echeverría anunció en su cuarto informe de gobierno que enviaría al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, la iniciativa de decreto para reformar los artículos 43 y demás relativos de la Constitución General a efecto de cumplir el afán histórico de los sudcalifornianos.
Fue aprobada por los diputados federales y enviada al Senado, donde recibió unanimidad aprobatoria el 24 de septiembre; posteriormente mereció la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.
El 8 de octubre fue publicado el decreto en el Diario oficial de la Federación, con base en el cual el propio Senado seleccionó de una terna del ejecutivo al mismo ingeniero Félix Agramont como gobernador provisional. Con tal carácter lanzó enseguida la convocatoria para la integración de la legislatura Constituyente.
Los comicios se llevaron a cabo, y los candidatos que obtuvieron constancia de mayoría se reunieron el 25 de noviembre para calificar sus propias elecciones.
El Congreso Constituyente entregó la nueva Carta al ejecutivo estatal el 9 de enero de 1975 y fue promulgada por éste el día 15 siguiente.
De ello celebraremos también medio siglo en el próximo año 2025.
