Las críticas que han surgido en torno al gran proyecto de salud pública para el bienestar que impulsa en todo el país el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tienen una etiqueta lógica e identificable, provienen de los “creadores” de un régimen de Protección Social en Salud (seguro popular), que si bien es cierto fue una buena idea a partir de atender con cierta integralidad los servicios de salud, también estuvo plagada de errores desde su diseño original. Estos errores terminaron convirtiéndolo en una fuente de recursos presupuestales que a discrecionalidad fueron el botín para varios gobernadores del país, quienes a través de sus Institutos Estatales de Salud (OPDs) determinaron ilícita e irresponsablemente el destino de un gasto en salud. Casos hay muchos, debidamente registrados y por documentar.
A partir de este precedente, el IMSS Bienestar es hoy, innegablemente para las y los sudcalifornianos, pero especialmente para aquellos grupos sin seguridad social, una alternativa viable, oportuna y pertinente, frente a una problemática local donde prevalecen características poblacionales, que se imponen desde la dispersión geográfica típica en esta media península, considerando sus principales causas de muerte y morbilidad. Justo en estas causas es donde desafortunadamente imperan las enfermedades crónico-degenerativas que demandan un trabajo de reingeniería profundo que permita capitalizar lo que se tiene, así como, ampliar la cobertura y calidad en las 67 unidades médicas que serán transferidas para operar por el gobierno federal, a través del nuevo organismo público descentralizado en Baja California Sur, que ya despliega tareas concretas (dignificación de infraestructura) y fundamentales para mejorar la gestión y efectividad en la atención de salud.
Es así como se da pie a un principio de mayor justicia y equidad en el acceso a servicios dignos de salud, y no “a medias” o con limitaciones como las que tenía el anterior sistema de salud que ponía candados a ciertas enfermedades.
Hoy por hoy, el IMSS Bienestar contempla una visión auténtica de protección integral, considerando por supuesto, la dotación de medicamentos e insumos necesarios para los grupos más vulnerables.
La acertada adhesión del Estado de Baja California Sur al IMSS Bienestar, derivado de la iniciativa presidencial, por conducto del titular del Poder Ejecutivo Estatal, Víctor Manuel Castro Cosío, significa sin dudarlo, un acto de responsabilidad y compromiso para dar respuesta efectiva a más de 275 mil sudcalifornianos que demandan y exigen, sin aplazamientos, mejores respuestas para garantizarles acceso a su derecho constitucional, el derecho a la salud.
IMSS Bienestar ha demostrado venir acompañado de procesos transparentes, legítimos y de acceso a la información que permitan ser observados, como en una caja de cristal, el manejo de los recursos que den vida y movilidad a la operación de este sistema a través de una contraloría social. No más desfalcos que tenían a nuestro sistema de salud en coma, no más manejos discrecionales a los medicamentos que son del pueblo, no más desinformación en torno a esta alternativa viable y pertinente. Sin duda, esto forma parte de una administración que va de la mano de la transformación, cuyo objetivo es garantizar y brindar que miles de familias del estado tengan un servicio médico a la mano, confiable, ético, profesional y preparado para funcionar.
Además de todo, IMSS Bienestar como parte de sus componentes, está el poner en marcha la Acción Comunitaria, es decir estrategias de participación activa y dinámica que contrarresten y prevengan problemas de salud, con la acción decidida y colaborativa de la sociedad y del gobierno, incluso en las zonas menos pobladas con los Centros de Atención Rural de los Adolescentes. La adhesión de BCS a IMSS Bienestar, bien puede ser el inicio de una nueva página en la que se avizoran y prospectan excelentes e integrales resultados de coordinación institucional. Así pues, están sentadas las bases para que el compromiso y trabajo conjunto del Gobierno Federal y Estatal hagan realidad, que la atención y el acceso a un servicio médico esté garantizado para los grupos prioritarios, con el objetivo de que, en el estado, nadie se quede afuera y nadie se quede atrás.