Desde el año pasado que se discutió en el Congreso de la Unión la reforma a la Ley General de Salud para desaparecer el Seguro Popular, los diputados del PAN advertimos que dicha reforma irresponsable ponía en riesgo el derecho a la salud de más de 50 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social y que estaban asegurados bajo un esquema de financiamiento público que ha mostrado eficacia.
Ya que gracias al Seguro Popular, la carencia por acceso a los servicios de salud se redujo de 42.8 millones de personas en 2008 a 20.2 millones en 2018, esto, conforme al último Informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)sobre Medición de la pobreza 2008-2018.
El voto de la mayoría en la Cámara, representado por Morena y sus aliados políticos, pasó por alto no sólo la efectividad del Seguro Popular, sino también el consecuente daño que se provocaría con esta reforma caracterizada por la falta de claridad en el rumbo que la 4T quiere darle al sistema de salud pública.
Esto es así porque la creación del INSABI carece de documentos estratégicos y de una perspectiva sectorial completa, lo cual señalamos con toda seriedad, pues con la salud de los mexicanos no se debe experimentar con nuevas medidas que no tienen pies ni cabeza, mucho menos se debe dejar a la deriva a los millones de mexicanos que encontraban en el Seguro Popular la única forma de poder hacer frente a enfermedades graves.
Ahora, tal como se previó, en el arranque del 2020 la promesa del Presidente de brindar universalidad y gratuidad de los servicios de salud dista mucho de ser una realidad, por el contrario, se ha convertido en el sufrimiento de todos aquellos que no están recibiendo sus tratamientos y medicamentos, todo esto, gracias a la improvisación y la falta de sensibilidad del gobierno federal.
Los ciudadanos no mienten y es hora de que el gobierno federal brinde respuestas pero sobre todo soluciones ante los reclamos por el aumento en las cuotas por atención médica en institutos federales. Desde hace unos días vemos en distintos medios de comunicación testimonios de personas que afirman que con el Seguro Popular pagaban 88 pesos por día de hospitalización y que ahora con el INSABI tienen que pagar 500 pesos, cantidad que resulta incosteable para ellos, pues recordemos que se trata de un sector de la población que carece de ingresos y de afiliación a la seguridad social, y que por Ley deberían ser atendidos con cuotas de recuperación accesibles y conforme a sus ingresos.
En su momento, refutamos la desaparición del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y la creación del Fondo de Salud para el Bienestar, hoy confirmamos que esta medida se convirtió en un medio para obtener recursos adicionales de manera fácil para que el gobierno pueda destinar dinero que antes era exclusivo para garantizar la atención de enfermedades con tratamientos muy costosos como el cáncer, en otros rubros que aunque también son importantes como infraestructura y medicamentos, deben recibir financiamiento de otros programas, no a costa de la atención médica de los más desprotegidos.
Desafortunadamente, la incertidumbre no sólo afecta a los pacientes que requieren atención médica sino también al personal que laboraba adscrito al Seguro Popular, a todos aquellos médicos, enfermeros y demás trabajadores que no han recibido información de su situación contractual.
Por eso es tiempo de que como sociedad exijamos respuestas al gobierno federal, que nos expliquen en que se usarán o se están usando los 40 mil millones de pesos del Fondo para Gastos Catastróficos que se destinaron al INSABI, porque si no hay medicamentos ni se está atendiendo a los pacientes, ¿en dónde está ese dinero?
Que nos contesten además, dada su intención de centralizar los recursos y las nóminas durante 2020 a través de convenios con las entidades federativas, ¿cómo pretenden administrar los hospitales y clínicas que hoy manejan los Estados? Ya que la administración de las instituciones federales no ha sido su fuerte ¿cómo pretenden hacerlo en todo el país?
No se trata de desprestigiar el INSABI, sino de exigir que se corrijan los errores causados, que se garantice la atención médica oportuna y los tratamientos necesarios para que los pacientes con enfermedades que requieren servicios de salud de alta especialidad y que no cuentan con recursos para hacer frente a esos gastos, puedan sanar.
Es tiempo de exigir al gobierno federal que tome en serio la rectoría de los servicios de salud, que desista de destruir la coordinación y capacidad administrativa que durante muchos años se construyó con el Seguro Popular, que transparente el uso de los recursos y ponga como prioridad la salud de las familias mexicanas, en vez de sus programas clientelares y proyectos sin rumbo.
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Rigo Mares
Diputado Federal de Baja California Sur por el PAN