Hablar de corrupción en nuestro país desafortunadamente es de lo más común, nunca falta que salga a colación en una plática el caso de tal o cual funcionario que se enriqueció estratosféricamente durante su gestión o el caso de tal o cual ciudadano al que le pidieron que se moche con una lana para que su trámite salga adelante.

Esto se refleja en diversas mediciones en las que México tiene una pésima calificación, la OCDE nos coloca en la última posición de los 36 países miembros, Transparencia Internacional nos coloca en el lugar 130 de 180 países y en el índice de estado de Derecho, del Proyecto de Justicia Mundial nos situamos en el lugar 117 de 126 países.

En los indicadores nacionales la historia no es diferente, de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, publicada por el INEGI el 21 de mayo del año en curso, se desprende que la prevalencia de la corrupción a nivel nacional se incrementó de 14,635 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2017 a 15,732 en 2019.

La corrupción carcome al servicio público, lesiona diversas esferas de la vida pública, afecta la confianza ciudadana, ahuyenta las inversiones, debilita las instituciones y le cuesta al país, nos cuesta a todos los ciudadanos, según diversas mediciones, hasta el 10 por ciento del PIB, por ello resulta fundamental combatirla para avanzar en su erradicación.

Pero ese combate no se puede quedar en palabras, discursos y promesas del presidente que en campaña convencieron a mucha gente por la atractiva noción del cambio y que hoy simplemente no se ven reflejados en los hechos.

Lo cierto es que este gobierno se convirtió en lo que juraron destruir, hoy vemos que el presidente menciona la palabra corrupción o sus derivadas como corruptelas y anticorrupción, al menos una vez, en el 90% de sus discursos o intervenciones públicas desde que inició su administración.

Esto resulta irónico e incongruente, por un lado el presidente enarbola la lucha contra la corrupción como su bandera y por otro, en el terreno de los hechos y lo tangible, nos encontramos con su inacción en más de una docena de grandes escándalos de corrupción en los que se implicó a funcionarios de su primer círculo de confianza como Manuel Bartlett, Zoé Robledo, Irma Eréndira Sandoval, Ana Gabriela Guevara y más recientemente a su hermano Pío López Obrador, tema en el que propuse la creación de una comisión especial investigadora en Cámara de Diputados para fiscalizar los recursos recibidos por su hermano, a favor de la campaña del mandatario.

El supuesto combate a la corrupción de esta administración se reduce a descalificaciones mediáticas, esto lo observamos por ejemplo en el caso Lozoya, que hace unas semanas fue viral en medios de comunicación y hoy ya pasó de moda, porque al presidente le gustan las simulaciones, le gusta inculpar a diversos personajes que no forman parte de su gobierno, pero no por los medios legales.

Por eso afirmamos que al presidente no le interesa eliminar la corrupción, de importarle realmente acabar con la impunidad de los corruptos, no fomentaría las filtraciones de información que debe reservarse en los asuntos en curso, sino que velaría por la constitucionalidad y la legalidad de las investigaciones sin interferir en la administración de la justicia ni atentar contra los principios de presunción de inocencia y debido proceso.

En ese contexto, desde la cámara de diputados presenté una iniciativa que tiene como objeto abonar a las políticas de combate a la corrupción, a través del endurecimiento de las sanciones aplicables a los servidores públicos que divulguen a quienes no tengan derecho, documentos, constancias o información que obren en carpetas de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales.

Si queremos que se sancione realmente a los culpables, se debe cumplir con la Constitución y las leyes, queda claro que el presidente atenta constantemente contra el estado de derecho y esta es otra muestra de su desprecio por las instituciones y su intervención antidemocrática en otros poderes, en este caso, interfiriendo con la impartición de justicia.

Para un verdadero combate a la corrupción, el presidente debe actuar con legalidad y dejar de una vez por todas el discurso ambiguo que por un lado representa impunidad para sus amigos y familiares y por otro se dirige a la persecución de los adversarios de su movimiento con fines claramente electorales y de descalificación a la oposición, sólo así avanzaremos en la erradicación de este mal que aqueja a nuestro país.