La historia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en México ha transcurrido a la par de una lucha constante por el reconocimiento de sus derechos. Y aunque sus contribuciones en ámbitos como el medicinal, cultural y económico son indiscutibles, se les marginó y excluyó durante siglos.
En el contexto actual es imperativo garantizar su pleno reconocimiento como sujetos de derechos, lo que implica reconocer su legado, dignidad, autonomía y capacidad para participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas.
Uno de los aspectos más significativos de los pueblos y comunidades indígenas es, por ejemplo, su medicina ancestral, un sistema basado en saberes transmitidos de generación en generación. Todas y todos en algún momento hemos curado alguna dolencia o malestar con alguno de estos métodos. Su enfoque holístico permitió el desarrollo de tratamientos que no solo han sanado a sus pueblos, sino que también influyeron en la medicina contemporánea.
De igual manera, los pueblos afromexicanos han dejado una huella profunda en la identidad de la nación a través, por ejemplo, de sus contribuciones históricas y culturales, cuya influencia es indiscutible en el combate a la exclusión, así como en la cocina, lengua, música, danza y literatura. Su legado trasciende generaciones, pero tampoco se visibiliza.
Las políticas públicas recientes marcan un cambio relevante. El Gobierno ha dado pasos importantes para garantizar el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, promoviendo su participación mediante el derecho a la consulta.
Además, durante la administración del presidente López Obrador, iniciativas como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y las reformas constitucionales en materia de derechos indígenas y reconocimiento de las personas afrodescendientes como integrantes de la composición pluricultural de la nación sentaron las bases para fortalecer los trabajos de la siguiente administración en estas materias que se tenían pendientes.
Actualmente sigue avanzando en el Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional para reconocer y garantizar plenamente los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Esto va más allá de la justicia social; es un paso hacia un futuro sostenible, donde el conocimiento ancestral y la innovación moderna caminen de la mano. La apertura del Gobierno de México para promover su participación activa y proteger su legado constituye un modelo replicable.
En mi colaboración de la semana pasada en este espacio hablé de la determinación del actual gobierno por democratizar y fortalecer la participación ciudadana, y esta reforma es un paso más hacia ese objetivo, tan necesario y justo para el pueblo de México, que se le había negado por largo tiempo.
Nuestro país ha avanzado hacia una realidad en la que pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos sean vistos como actores clave en la construcción de una sociedad más justa. El reto ahora es asegurar que las políticas públicas en favor suyo se traduzcan en cambios estructurales duraderos, eliminando los cimientos racistas y clasistas que aún persisten en nuestras instituciones; solo así podremos hablar de una sociedad que valora verdaderamente su pluriculturalidad.
Hacer de los pueblos indígenas y afromexicanos sujetos de derechos es una responsabilidad que recae sobre todas y todos nosotros. No se trata únicamente de reparar injusticias pasadas, sino también de construir un futuro en el que sus voces sean escuchadas y sus conocimientos, valorados. El camino hacia un México más inclusivo y sostenible pasa por reconocer y garantizar los derechos de quienes han resguardado nuestra libertad, nuestras tierras, independencia y tradiciones. No son muchos Méxicos, es un solo México luchando por la igualdad de todas y todos sus habitantes.
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