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Las ineficiencias operativas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocaron pérdidas por 58 mil 422 millones de pesos en 2019, gracias a carencias en los servicios de generación, transmisión, distribución y suministro de energía, expuso la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Según una auditoría de desempeño realizada a la empresa dirigida por Manuel Bartlett Díaz, la ASF recordó que desde 2018 se advirtió que la CFE operó con ineficiencias a lo largo de la cadena de valor, lo que se tradujo en altos costos de generación, elevadas pérdidas de energía eléctrica en transmisión y distribución, así como en el incremento de la cartera vencida de la empresa.
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Así, para 2019, los costos por una deficiente generación de electricidad ascendieron a 31 mil 57 millones de pesos; 26 mil 364 millones de pesos fueron en transmisión y distribución, mientras que cerca de mil millones de pesos correspondieron a tareas de suministro básico.
No obstante, estas incompetencias se cargaron a las tarifas de los usuarios finales de los sectores comercial, de servicios, así como a los de mediana y gran industria.
“Corresponden a problemas históricos y estructurales de la CFE que han persistido y se han agudizado a la fecha, tales como los elevados costos de generación, las pérdidas técnicas y no técnicas, y la alta cartera vencida, mismos que obedecen, entre otros aspectos, a la falta de inversión para la construcción, optimización, modernización y mantenimiento del parque de generación y para la ampliación de las redes de transmisión y distribución; las ineficaces estrategias de cobranza y de recuperación de la cartera, así como a la cultura del robo de electricidad y del no pago del servicio eléctrico”, resaltó la Auditoría Superior de la Federación
Para resolver estas anomalías y evitar que los costos se sigan trasladando a los usuarios del servicio, la CFE debe mejorar su desempeño, en conjunto con sus resultados operativos y financieros.
Sólo así, agregó la ASF, se podrán reducir en el corto, mediano y largo plazo.
Incluso, añade, las tarifas eléctricas deberían propiciar la reducción gradual de las ineficiencias.
El pasado 15 de mayo, la Secretaría de Energía emitió el Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional. En este documento, la Sener detalló que el objetivo es garantizar la seguridad del sistema por la pandemia de Covid-19; lo que le permitía al gobierno dar prioridad a las plantas de CFE y limitar la compra a través de energías renovables.
Sin embargo, el 22 de octubre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó la implementación de esta política a través de un amparo, por considerar que afecta a la libre competencia y vulnera inversiones ya realizadas en el sector, como lo expuso el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, y luego el máximo tribunal.
De enero a septiembre de 2020, la CFE reportó una pérdida neta acumulada por 67 mil 845 millones de pesos, derivado de la volatilidad en el tipo de cambio por la pandemia del coronavirus.
Esto provocó un aumento de 12 por ciento en la deuda total de la empresa, al igual que una reducción de 22 mil 332 millones de pesos en los ingresos por ventas de energía eléctrica, principalmente, en el sector industrial.
La ASF resaltó que la empresa de electricidad puede perder su grado de inversión si no corrige su situación financiera.
Otro de los riesgos inmediatos son las deficiencias en la gobernanza de CFE, pues con esto no existe garantía de que la compañía opere con eficiencia, eficacia, transparencia, al igual que tampoco pueda rendir cuentas.
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