El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la consulta sobre la ubicación del aeropuerto que plantea el equipo de transición para llevarse a cabo esta semana carece de validez legal y no es jurídicamente vinculante.
En un pronunciamiento, el organismo que preside Juan Pablo Castañón, indicó que por tratarse de un proyecto de infraestructura de alto grado de complejidad la decisión corresponde al gobierno y debe ser técnica, y no política.
El equipo de transición anunció la consulta ciudadana del 25 y hasta el 28 de octubre, con la instalación de mil 73 mesas de votación en 538 municipios en las 32 entidades de la República Mexicana.
En el ejercicio planteado, los participantes podrán elegir una de las dos opciones. La primera es reacondicionar el actual aeropuerto y el de Toluca y construir dos pistas en Santa Lucía y, la segunda, continuar con los trabajos en Texcoco y dejar de usar la actual terminal.
Para el CCE, el ejercicio no es jurídicamente válido ni tiene sustento legal porque incumple lo establecido la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución, y en la Ley Federal de consulta Popular.
De acuerdo la IP, la consulta no garantiza la imparcialidad, tiene un marcado sesgo en su formulación y no plantea medidas para evitar el acarreo, la compra de votos o la duplicidad en los votantes, El organismo que dirige Juan Pablo Castañón cuestionó además que los actores a cargo de la consulta han demostrado un sesgo favorable hacia una de las opciones y que la información presentada sobre el proyecto de Texcoco es parcial y no considera los argumentos de organismos como los Colegios de Ingenieros, la Asociación de Pilotos, MITRE, entre otros.
Reiteró que debe continuar la obra del NAIM, independientemente de revisar el esquema de costos y buscar alternativas de financiamiento mediante la bursatilización de deuda y la concesión parcial o total del proyecto.
