La Paz, Baja California Sur.- La controversial Ley de Movilidad fue sacada del orden del día por la fracción parlamentaria de Morena, argumentando que ciertos sectores no se identificaban con ella.
Sin embargo, en días recientes colectivos de la sociedad civil dieron a conocer que habían hecho 100 observaciones a la iniciativa de ley desde la experiencia que tienen en temas de movilidad, pero estas no fueron tomadas en cuenta en el dictamen final, al cual consideran inconsistente y que requiere de modificaciones y adiciones.
Algunos señalamientos son, una ley enfocada en las personas y basada en la pirámide/jerarquía de la movilidad y que de esta se desprendan herramientas metodológicas que permitan a los tomadores de decisiones la aplicación de la ley de manera transversal y garantizando el respeto a los Derechos Humanos de las personas, principalmente de grupos sociales más vulnerables; debería ser más explícito en asuntos como la regulación del servicio de aplicaciones móviles, el establecimiento de tarifas y datos de seguridad vial; menciona un sistema de movilidad, pero no explica en qué consiste y su integración.
Asimismo, propone un Instituto de Movilidad, que debería ser más transparente en la toma de decisiones y más clara en la participación ciudadana, además de contar con un mecanismo democrático para la elección de su titular, así como atribuirle facultades que no sobrepasen al ejecutivo, y su consejo consultivo debería tomar decisiones vinculantes; sugieren que el transporte público se debería de operar como una empresa; califican de inconstitucional que la Ley plantee que lo que no se encuentre previsto en ella, se turne a los reglamentos; y no garantiza la seguridad vial; entre muchas otras.
