La Paz, Baja California Sur.- El gobierno de la Cuarta Transformación despidió a los 21 funcionarios del Servicio Profesional de Carrera de la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (antes Sagarpa). Este lunes los servidores públicos fueron notificados de que por disposición de la Secretaría de Hacienda sus plazas desparecen a partir del próximo 1 de julio, y les solicitaron firmaran un formato de documento en donde piden les entreguen los recursos de una liquidación, misma que se habrá de calcular con base a la antigüedad del último nombramiento y no por los años efectivos de servicio.
Al cierre de esta edición no se había dado a conocer cuántos accedieron, pero trascendió que sólo algunos se negaron y están en consulta con abogados para analizar la posibilidad de interponer demandas como ya se hizo por parte de los despedidos de la Secretaría de Economía. Y es que algunos tenían 25 años o más de servicio y sólo se les reconoce una parte de la antigüedad.
En los casos del encargado del despacho, Armando Ramírez y la titular de la unidad jurídica, Alma Lidia Farías –los dos únicos subdelegados que sobrevivían al cambio de gobierno también se van-, sus plazas desaparecen aunque con la posibilidad de que sean recontratados por la 4T con la figura de técnicos y con sueldos de aproximadamente 20 mil pesos o menos mediante el programa Prestador de Servicios Profesionales (PSP), en donde no hay seguridad social ni prestaciones de ningún tipo.
No se sabe cómo se habrán de operar los recursos de la SADER tanto los federalizados como los de concurrencia con el estado, aunque el coordinador de Programas Federales, Víctor Castro, ha declarado que será a través de los servidores de la nación, en oficinas que lo mismo estarán operando en colonias populares, ejidos y comunidades pesqueras que en representaciones gubernamentales.
En la SADER se van los dos subdelegados, el jurídico, los jefes de CADER, los jefes de Distrito y los Jefes de Programa, es decir los 21 de confianza.
El argumento con el que tratan de convencer a los servidores públicos para que firmen la carta que enviaron de México es que ir a una demanda les llevará años de desgaste; que tendrán que ir en varias ocasiones a la Ciudad de México pagando los gastos por su cuenta y que en caso de que llegasen a ganar el juicio tendrían que pagarle al abogado el 30 por ciento de lo que recuperen.
Es un retiro forzado con liquidación forzada, dijo uno de los afectados.
