La Paz, Baja California Sur.- 225 personas privadas de la libertad en Baja California Sur podrán votar dentro de los Centros Penitenciarios del estado.
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La entidad cuenta con cuatro Centros Penitenciarios en ellos se encuentran 522 personas privadas de la libertad que aún no han sido sentenciadas, es decir que siguen gozando de sus derechos políticos, por lo que podrán ejercer su voto en las elecciones locales y federales en los próximos comicios electorales; sin embargo, solo 225 cumplieron con los requisitos para participar en este proceso.
Estas personas se distribuyen de la siguiente manera: 83 en el Centro Penitenciario de La Paz, 87 en San José del Cabo, 21 en Ciudad Constitución, 28 en Santa Rosalía y seis mujeres en el Centro Penitenciario de La Paz.
De acuerdo a la información proporcionada por el vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur (INE BCS), Iván David Gómez Cabrera,
¿POR QUÉ NO VAN A PODER VOTAR TODAS LAS QUE SE REGISTRARON?
Como parte del proceso de credencialización, el INE informó que se implementaron módulos móviles en los centros penitenciarios. Sin embargo, todas las personas interesadas en obtener su credencial para votar en las elecciones carecían de la documentación necesaria, lo que imposibilitó la realización del trámite.
Por lo tanto, de las 522 personas interesadas en registrarse para ejercer su voto en las próximas elecciones, solo 225 pudieron hacerlo, ya que contaban previamente con su credencial de elector.
“Se llevó el módulo móvil para la credencialización, pero nadie tenía documentos completos. La falta de estos, especialmente entre quienes están en prisión preventiva, impidió completar el trámite. Es una situación a afinar, siendo la primera vez que se intenta este proceso” explicó.
Añadió que además uno de los desafíos de este nuevo proceso es su dinamismo , ya que algunas personas pueden tener la intención de votar durante el registro, pero luego pueden ser sentenciadas o liberadas, lo que afecta la cantidad final de votantes elegibles.
SOBRE LAS VOTACIONES
Respecto a cómo será el proceso de las votaciones, Iván David Gómez Cabrera explicó que en cada Centro de Reinserción Social se establecerá una casilla receptora de votos, en una fecha acordada con las autoridades penitenciarias, para recibir la votación de las personas inscritas en el padrón y en la lista nominal que se encuentren en prisión preventiva.
Una vez recogidos, los votos y el paquete electoral completo serán trasladados al consejo distrital correspondiente, donde serán resguardados en la bodega distrital.
“El período de recolección de votos se llevará a cabo entre el 6 y el 20 de mayo, las fechas exactas se determinará en coordinación con las autoridades y el 2 de junio, a partir de las 6 de la tarde, se instalará la mesa de escrutinio y cómputo de votos de personas en prisión preventiva, quienes serán responsables de contar el paquete electoral y registrar la información en el sistema correspondiente”, detalló.
LOS ANTECEDENTES
A partir de 2021, se implementó por primera vez a nivel nacional, extendiéndose en 2023 a los estados de México y Coahuila, y en el presente año 2024 a nivel nacional de manera generalizada.
El Secretario de Seguridad Pública, Luis Alfredo Cancino Vicente, señaló que es la primera vez que esta iniciativa se llevará a cabo en Baja California Sur (BCS) y tras la firma del convenio entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el Instituto Nacional Electoral (INE), por primera vez en Baja California Sur, las personas privadas de la libertad que aún no han sido sentenciadas podrán ejercer su derecho al voto.
Así mismo se comprometió que en cumplimiento de este acuerdo, se brindarán todas las facilidades y medidas de seguridad necesarias para que el personal del INE pueda llevar a cabo el proceso electoral dentro de los centros penitenciarios.
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Finalmente, adelantó que se llevarán a cabo campañas de difusión al interior de cada centro penitenciario sobre esta nueva modalidad de votación, así como la facilitación para que los debates oficiales organizados por el INE puedan ser transmitidos a la población penitenciaria, garantizando así un proceso electoral transparente y justo.