La Paz, Baja California Sur.- El Colectivo de Académicos Sudcalifornianos (CAS) expresó su oposición al megaproyecto inmobiliario y turístico Kuni, así como a otros desarrollos similares que llegaron a la ciudad.
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Los académicos advierten que estos proyectos no solo ponen en riesgo el frágil equilibrio ecológico de áreas protegidas, como Balandra, sino que también comprometen el bienestar de la población local.
Proyecto Kuni: impacto en Balandra y Puerto Mejía
El megaproyecto Kuni planea desarrollarse en una vasta extensión de 1,700 hectáreas, desde el área natural protegida de Balandra hasta las cercanías de Puerto Mejía; al noreste de La Paz, que según el grupo de académicos, la construcción de más de 17 mil cuartos de hotel y 3 mil viviendas en un periodo de 20 años, implicaría una inevitable destrucción del ecosistema terrestre y marino.
“El proyecto generaría la remoción de la cubierta vegetal, lo que provocaría la pérdida de biodiversidad y una disminución en la captación de CO2”.
Los expertos aseguran que los desarrolladores no evaluaron adecuadamente los efectos de la fragmentación de los ecosistemas ni han propuesto medidas compensatorias suficientes para mitigar el daño ambiental.
Agua y recursos: una crisis sobreexplotada
Uno de los puntos más críticos que el colectivo resalta es la escasez de agua en la región. Los acuíferos de La Paz y el Coyote, comentaron, ya están sobreexplotados y no tienen capacidad para abastecer los grandes consumos que los proyectos turísticos y habitacionales como Kuni demandarían.
La opción de desalación, que algunos promueven como solución, tampoco es viable, afirman; además, indicaron, estos residuos incluyen salmuera, antiincrustantes y residuos de la oxidación de metales, todos perjudiciales para el medio marino.
“La desalación encarece el agua y produce gases de efecto invernadero, además de emitir contaminantes y residuos tóxicos que inevitablemente terminarán en el mar”.
Colapso de servicios y privatización indirecta de playas
Los académicos también expresan su preocupación por el impacto que este tipo de desarrollos tendría en los servicios públicos de La Paz. La demanda de energía eléctrica, el manejo de residuos sólidos y el tratamiento de aguas residuales pondrían bajo una presión insostenible a las infraestructuras locales.
Además, advierten sobre el riesgo de una "privatización indirecta" de las playas, que limitaría el acceso público a estos espacios naturales.
“Cada uno de nosotros tiene distintas áreas de conocimiento y decidimos participar de manera individual, cada quien metiendo sus propias observaciones […] cada quien ingresó sus propias observaciones al proyecto. Toda esta información de los proyectos que vienen o que ya fueron autorizados sin una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), se obtuvieron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)”
Incumplimientos legales y falta de evaluaciones adecuadas
El CAS asegura que el proyecto Kuni no cumple con el artículo 35 BIS 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (LGEEPA), que exige que las manifestaciones de impacto ambiental incorporen las mejores técnicas y metodologías existentes, algo que, sostienen, “no se ha hecho”.
“El megaproyecto Kuni no debería ser aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Existe insuficiencia de las MIA’s presentadas, y no contemplan los efectos sociales ni los costos económicos que enfrentarían los Ayuntamientos para gestionar las consecuencias del desarrollo”.
Otros proyectos en la mira del colectivo
El comunicado también advierte sobre otros proyectos en La Paz que presentan riesgos similares y que, hasta la fecha, no han cumplido con los requisitos ambientales.
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Entre esos señalaron la ampliación de la terminal de cruceros en Pichilingue y los proyectos inmobiliarios Punta La Paz, Marina Santa Cruz, Distrito Malecón y Misión Punta Norte, por mencionar algunos.
Llamado a la acción para preservar el medio ambiente
El Colectivo de Académicos Sudcalifornianos concluye que la población debe informarse sobre la importancia de proteger el medio ambiente y sugiere que, a petición de la misma ciudadanía, los proyectos sean reevaluados o en su caso, rechazados por completo.
