La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- En el estado de Baja California Sur, los agresores en casos de violencia de género tienen tan solo un 0.01% de probabilidades de ser condenados, según lo reveló Charlene Ramos Hernández, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos( CEDH).
En sus declaraciones Charlene Ramos destacó que las cifras actuales muestran que menos del 11% de los delitos realmente .De esos casos denunciados, poco más de la mitad no cuenta con movimientos de investigación y de la otra mitad, que si tiene actos de investigación, solamente el 8% llega a judicialización y de ese porcentaje apenas el 3% resulta en condena.
"Lamentablemente, las estadísticas actuales indican que los agresores tienen únicamente un 0.01% de probabilidad de ser condenados. Esto significa que la mayoría de las víctimas se sienten completamente vulnerables en cuanto a sus derechos y expectativas de obtener justicia", señaló.
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Charlene Ramos cuestionó las cifras al expresar que, si fueran precisas, implicaría que casi el 99.99% de las víctimas estaría mintiendo sobre los delitos sufridos. “Entonces, deberíamos afirmar que aproximadamente el 99.99% de las víctimas estaría mintiendo, lo cual claramente no es estadísticamente factible”
Por lo tanto, señaló que esto evidencia una crisis en la administración de justicia, lo cual provoca un sufrimiento adicional en las víctimas. Asimismo, resaltó que, aunque la CEDH no tiene competencia en asuntos judiciales, es importante que toda persona que perciba una vulneración de sus derechos humanos por parte de las autoridades en el ámbito de la procuración de justicia presente sus quejas ante la comisión.
REZAGO EN DENUNCIAS DE DELITOS SEXUALES
El procurador general de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya, reconoció que la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene un rezago en cuanto a denuncias por delitos sexuales, las cuales han incrementado debido a la falta de personal en la institución.
Aunque no se precisó el número de carpetas pendientes, el procurador aseguró que se buscará agilizar la atención con un mayor número de personal. “Ciertamente ha habido un impacto en una mayor cantidad de denuncias que se están presentando. Entonces, ya se tiene un planteamiento para incrementar agentes del Ministerio Público, auxiliares del Ministerio Público también y, sobre todo, peritos de psicología, en este caso, psicólogas”.
En entrevistas pasadas, el abogado Rubio Ruiz reveló que son alrededor de 3000 las carpetas específicamente en delitos sexuales que se encuentran en rezago, mismas que eran atendidas por tan solo seis psicólogas.
“Hay un rezago de más de 3000 carpetas activas en la entidad. ¿3,000? ¿Saben cuántas psicólogas están atendiendo estas tres mil carpetas y , más lo que se acumule? seis. Es decir, que 500 carpetas deben ser atendidas por una sola persona ,solo en el aspecto de la psicología, por lo menos tiene que atender al año 500 carpetas. ¿Ustedes creen que eso es posible, que eso es viable? Esto genera una espantosa impunidad enorme, la gente se cansa de ir”.
Según información proporcionada por la misma procuraduría, se reciben diariamente entre 20 y 30 denuncias relacionadas con violencia de género. Este aumento se asocia a la campaña “Párale a la violencia” que, según los informes, ha fomentado una mayor confianza en la presentación de denuncias. No obstante, esta situación también ha ocasionado una acumulación y rezago de carpetas, ya que hasta el momento las autoridades reconocen que esta cantidad supera la capacidad actual de respuesta.
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Recientemente se aprobó un paquete económico de 23 mil 800 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2024. Según la secretaría de finanzas del estado, Bertha Montaño, se informó que entre los sectores a los que se les dará prioridad se encuentra la seguridad pública.
Por lo que se espera que estas asignaciones presupuestarias se traduzcan en medidas concretas que agilicen el proceso de justicia, proporcionando el soporte necesario para atender adecuadamente las miles de denuncias pendientes y se dé una respuesta contundente que brinde justicia a las víctimas de delitos sexuales.