La Paz, Baja California Sur (OEM-Informex).- Tras el mensaje que el gobernador de Baja California Sur Carlos Mendoza Davis, diera a la ciudadanía sudcaliforniana, derivado del desastre legislativo sucedido en el Congreso del Estado, el cual afecta y lastima severamente la democracia y el valor expresado por los sudcalifornianos en las urnas en el pasado proceso electoral del 2018 donde cada ciudadano otorgó a las y los diputados electos el poder de legislar la entidad, y tras la destitución de cinco y la amonestación de tres diputados y diputadas de oposición de la XV Legislatura del Congreso de BCS.
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El gobernador de la entidad anunció en sus redes sociales, que ya presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una ampliación a la demanda en la Controversia Constitucional que interpuso por los hechos suscitados en el Congreso del Estado, “nuestro máximo tribunal determinará sobre su legitima integración y legal actuar”, puntualizó en sus redes el mandatario estatal.
Es importante decir que, este desastre legislativo pone en riesgo proyectos que beneficiaran a la ciudadanía de todo el estado, sobre todo a los cabeños ya que se corre el riesgo de que la construcción de la planta desaladora, la cual, beneficiará a cientos de familias del municipio de Los Cabos, se vea afectada debido a que las y los legisladores no seden por aclarar sus conflictos internos ya que el 30 de septiembre del 2020 vence el plazo para votar la aprobación del préstamo para la construcción de la planta desaladora, sin embargo, para las y los diputados de Morena y PT, es más indispensable darle seguimiento a sus intereses personales y políticos, ya que muchos buscan las alcaldías de distintos municipios o la reelección para seguir en el cargo de elección popular en la siguiente legislatura.
Como anunció puntualmente El Sudcaliforniano, el gobernador Carlos Mendoza dijo que la autocracia política por parte de las y los legisladores de la bancada de Morena y PT, le parece que actúan con irracionalidad y ante estos hechos, tendrán que atenerse a las consecuencias por no acatar el mandato del Poder Judicial.
“Eso se llama aquí y en China desacato, y el desacato no es una definición de una conducta, es un delito tipificado y previsto en la Ley de Amparo y van a tener que hacerle frente a las consecuencias de lo que hicieron las y los diputados de Morena y PT que dieron paso a este asunto”, refirió el mandatario estatal.
Por su parte, el gobernador de Baja California Sur Carlos Mendoza Davis, puntualizó que la repercusión inmediata es que él, con responsabilidad y fundamento en la Ley, recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó y así lo anunció, que no se publicará ningún acuerdo, ningún decreto, ninguna ley, que se remita para su publicación por parte del Congreso del Estado.
Mientras este no se integre por todas las y los diputados que fueron electos por la ciudadanía, “teniendo una crisis sanitaria importantísima con motivo del Covid-19 que ha generado una crisis económica seria, habrá que agregarse ahora el factor político que a todas luces muestra intenciones y fines electorales, ya que van buscando no solo obtener el manejo del Congreso a su antojo, sino también, buscan obtener beneficios políticos y hablo de manera muy clara en el tema de la planta desaladora que he venido gestionando desde que llegue a la administración, la cual solicité al gobierno federal anterior, se lo solicité al actual, incluso al mismo presidente López Obrador en tres ocasiones y finalmente esta última vez, que estuvo aquí hace algunas semanas, logramos comprometer este proyecto para beneficio de la sociedad cabeña”, apuntó.
EN RIESGO PLANTA DESALADORA
Este conflicto de carácter político e institucional que priva en el Congreso del Estado, no sólo afecta el trabajo propio legislativo en cuanto a la reforma o propuesta de nuevas leyes, sino a las atribuciones del Poder Legislativo, como la aprobación de obras en financiamiento que presenta el Poder Ejecutivo en su nivel estatal o municipal, es por esto que el proyecto de la planta desaladora de Cabo San Lucas se encuentra en riesgo, el cual es un proyecto de carácter social y forma parte de los compromisos 10 de 10 que firmaron tanto el gobernador Carlos Mendoza Davis, como la alcaldesa de Los Cabos Armida Castro Guzmán, mismos que realizaron la gestión para que el Gobierno Federal haya etiquetado recursos por más de mil millones de pesos para su construcción, sin embargo, las y los legisladores tiene que aprobar el proyecto antes del 30 de septiembre del 2020.
Lamentablemente, los conflictos continúan sin arreglarse, y así no podrá concretarse este proyecto, ya que la manera de actuar de las y los legisladores de la bancada de Morena y PT, ponen en riesgo de retraso esta obra, la cual será vital para el desarrollo social del municipio de Los Cabos, ya que con ella se logrará resolver una de las problemáticas más sentidas por todos los habitantes de ese destino turístico, que es el acceso al agua.