La Paz, Baja California Sur.- El Colegio de Médicos de Baja California Sur analizará en su próxima asamblea estatal a efectuarse en noviembre en el puerto de Loreto el tema de la despenalización del aborto, y en su caso emitirá un posicionamiento al respecto, informó el presidente de este organismo, Andrés Flores.
A nivel personal, opinó que apoyaría la negativa de un médico para efectuar un aborto aludiendo una objeción de conciencia, es decir, porque esta práctica no corresponda a su moral o a sus creencias religiosas; no obstante dejó en claro que el posicionamiento oficial sobre este tema deberá de emanar de la asamblea estatal.
La Objeción de Conciencia fue incluida en la Ley General de Salud en marzo del 2018 con una reforma que hizo el Senado de la República, con el fin de permitir a los médicos y enfermeras negarse a practicar de un aborto, en caso de que los consideren éticamente incorrecto, de tal manera que la institución de salud a la que presten sus servicios no podría obligarlos a este trabajo.
Lee: [Galería] Movimiento 28S pide legalizar el aborto
La reforma quedó como sigue: Artículo 10 Bis.- El Personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta Ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.
Hasta ahora solo la Ciudad de México y Oaxaca han modificado sus marcos legales para despenalizar el aborto, y aunque en Baja California Sur no se ha presentado ninguna iniciativa de este tipo, hace unos días diputadas federales de Morena anunciaron que esa fracción presentará iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en todo el país, y en esta misma reforma, se estaría obligando a las instituciones de salud para que garanticen en todo momento la disponibilidad de personal médico y de enfermería “no objetor de conciencia” para que practiquen los abortos.
