La Paz, Baja California Sur.- La próxima semana, la Cámara de Diputados votará el dictamen que propone la extinción de siete organismos autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Ante esta medida, Rebeca Lizette Buenrostro Gutiérrez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAI) en Baja California Sur, aclara que, aunque el INAI no rige directamente al ITAI, su desaparición podría influir en la manera en que se garantizan los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
Señala que el organismo estatal opera de manera autónoma en Baja California Sur y no depende del INAI; sin embargo, la posible extinción del organismo nacional podría tener una “repercusión indirecta” debido a que el INAI supervisa a autoridades federales con presencia en el estado, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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“Tendría que evaluarse cómo sería la defensa de estos derechos si desaparece el INAI. Hemos mantenido reuniones con diputados locales y otros representantes que han mostrado disposición para apoyar al instituto y asegurar la transparencia en Baja California Sur”.
¿Cuántas solicitudes y quejas tiene el ITAI?
Los datos presentados por el ITAI, en su informe anual, reflejan la importancia de estos derechos. De acuerdo con el documento, las solicitudes de acceso a la información, en Baja California Sur, registraron 7,376 solicitudes en 2022. En 2023, el número descendió a 6,887, y en el periodo de enero a agosto de 2024 apenas se contabilizan 4,737 solicitudes.
En cuanto a recursos de revisión —procedimientos iniciados cuando los ciudadanos no están conformes con las respuestas recibidas—, en 2022 se presentaron 388 casos, de los cuales se resolvieron 266; en 2023 se presentaron 332, resolviéndose 354; y en 2024, de enero a agosto, se registraron 158, de los cuales 135 fueron atendidos.
Las denuncias por incumplimiento de la publicación de información obligatoria también se han incrementado: en 2022 hubo 42 quejas, de las cuales se resolvieron 36; en 2023 aumentaron a 234, con 42 atendidas, y en 2024 se presentaron siete, resolviéndose 17.
Buenrostro Gutiérrez también menciona que existe preocupación por la relevancia de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y el destino que ésta tendrá tras la extinción del INAI, misma que es utilizada para consultar la información pública.
Explica que actualmente el Senado y los diputados están dialogando sobre el futuro de la PNT y su importancia como repositorio de datos de los sujetos obligados a nivel federal y local.
La posible modificación de la plataforma, si bien genera incertidumbre por quién la administrará, indicó que en ella se concentran las obligaciones de transparencia que permiten a los ciudadanos ejercer su derecho de acceso a la información.
Buenrostro enfatizó que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales deben mantenerse y fortalecerse, y añade que estos derechos están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y deben protegerse para evitar retrocesos.
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“Si actualmente, teniendo un organismo garante, a veces es complicado ejercer estos derechos, imaginemos cómo sería si no existiera”.
A días de la votación en el Congreso, expuso, el ITAI continúa trabajando con legisladores locales y federales para asegurar que la transparencia en Baja California Sur no se vea afectada.
Por lo anterior, afirmó que “tanto el gobernador como los diputados han mostrado disposición para apoyar al instituto, conscientes de que la transparencia es clave en la rendición de cuentas y en el ejercicio de la función pública”.
