La Paz, Baja California Sur.- La reforma laboral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para trabajadores de plataformas digitales como Uber, DiDi y Rappi marca un avance en la protección de los derechos laborales en México.
Hoy 10 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad esta reforma, que ahora espera ser discutida y votada en el Senado. De ser ratificada la reforma entraría en vigor 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, permitiendo tiempo para que empresas y trabajadores se adapten a las nuevas disposiciones.
Lee: Iniciativa de ley busca erradicar la brecha salarial en Baja California Sur
Esta iniciativa propone que según cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) más de 650,000 repartidores y conductores del país, hasta ahora considerados “colaboradores”, accedan a derechos fundamentales como la seguridad social, seguro contra accidentes, vacaciones, aguinaldo y crédito para vivienda.
El eje central de la reforma es asegurar que quienes trabajen al menos 80 horas mensuales sean reconocidos como trabajadores formales. Esto implica que las plataformas digitales estarán obligadas a registrarlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), otorgándoles acceso a servicios médicos, prestaciones por incapacidad, seguro contra accidentes y pensiones.
También podrán cotizar en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), facilitándoles el acceso a créditos para vivienda. También tendrán derecho a recibir pagos semanales, aguinaldo, reparto de utilidades y vacaciones proporcionales.
La reforma respeta la flexibilidad laboral, permitiendo a los trabajadores decidir sus horarios y jornadas, siempre y cuando no excedan las 48 horas semanales. En caso de laborar horas extras, estas deberán ser remuneradas conforme a la Ley Federal del Trabajo.
Opiniones de los trabajadores
Un sondeo realizado en La Paz entre 30 repartidores de diferentes plataformas reflejó un mayoritario apoyo a la reforma. 24 encuestados consideraron positivos los cambios, destacando el acceso a servicios médicos y la posibilidad de cotizar en programas de vivienda como grandes avances.
Uno de los entrevistados comentó: “Es una buena noticia pues que podamos tener seguro médico y apoyo para comprarme una casa o algún terrenito. Esto me da más tranquilidad, tanto a mi como a mi familia”.
Sin embargo, tres repartidores señalaron que desconocían los detalles de la reforma y preferían no opinar hasta tener más información. Los tres restantes, para quienes este empleo no es su principal fuente de ingresos, manifestaron su apoyo para que sus colegas gocen de mejores condiciones laborales.
Entre las inquietudes más frecuentes destacan dudas sobre si el ingreso neto se reducirá debido al pago de impuestos y si las plataformas ofrecerán estabilidad en los ingresos.
La reforma contempla que las empresas retendrán y transferirán las cuotas al IMSS e Infonavit, lo que podría generar un impacto fiscal. No obstante, los legisladores aseguran que los beneficios compensarán estas retenciones.
La reforma también exige a las plataformas asumir un papel más activo en la regulación de sus trabajadores. Deberán garantizar la afiliación al IMSS, registrar las jornadas laborales y realizar pagos puntuales. Tendrán la obligación de proporcionar un informe semanal detallando los ingresos de los repartidores, incluyendo propinas.
Aunque estas disposiciones fortalecen los derechos de los trabajadores, empresas como Uber y DiDi han expresado su preocupación por el impacto financiero y operativo. Representantes de estas plataformas han solicitado un diálogo más amplio para ajustar ciertos puntos de la implementación.
Suscríbete aquí a la edición digital de El Sudcaliforniano
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma avanza al Senado, donde será analizada en los próximos días. Si los senadores ratifican el proyecto antes del receso legislativo que inicia el 15 de diciembre, se consolidará como ley. Esto significa que entraría en vigor en el segundo semestre de 2025.
En caso de ser aprobada, México se unirá a países como España y Chile, donde las plataformas digitales ya están reguladas y los trabajadores cuentan con derechos básicos.