La Paz, Baja California Sur (OEM-Informex).- Carlos Mendoza dijo en entrevista exclusiva a El Sudcaliforniano, que la autocracia política por parte de las y los legisladores de la bancada de Morena y PT, le parece que es un acto irracional y ante estos hechos, tendrán que atenerse a las consecuencias por no acatar el mandato del Poder Judicial.
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“Eso se llama aquí y en China desacato, y el desacato no es una definición de una conducta, es un delito tipificado y previsto en la Ley de Amparo y van a tener que hacerle frente a las consecuencias de lo que hicieron las y los diputados de Morena y PT que dieron paso a este asunto”, refirió el mandatario estatal.
Explicó que esta misma semana enviará una ampliación a la denuncia de controversia constitucional que realizó hace unos meses, para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine conforme a derecho, todo este asunto que se ha generado y así, se pueda regresar a la normalidad constitucional en la entidad, “yo le quiero decir ahora a la corte, que los diputados encontraron un nuevo vehículo, que ahora llaman juicio político para alcanzar el mismo fin que la institución, tiempo atrás, señaló como un acto ilegal” recalcó.
Tras la destitución de los cinco diputadas y diputados del Congreso del Estado de Baja California Sur y la amonestación de tres más, se generó un hecho grave para la democracia de la entidad, un antecedente que se muestra complicado, serio, y de preocupación para el país, ya que se trata de legisladores de diversos partidos de oposición que fueron separados de su cargo a través de un pseudo juicio político, por parte de una mayoría insensata, irracional y mezquina conformada por las y los diputados del partido Morena y del Partido del Trabajo, lo cual genera preocupación en el Gobernador del Estado Carlos Mendoza Davis ya que indica que, cualquier mayoría legislativa especialmente si es de la alianza Morena, PT, podrían destituir y hasta eliminar a las minorías, u oposiciones y así apoderarse de los Congresos de los Estados para aprobar a su conveniencia lo que les venga en gana.
El ambiente es complicado, el país atraviesa por una pandemia sanitaria que ha cobrado la vida de más de 64 mil mexicanos, trayendo consigo una fuerte crisis económica, y el panorama para Baja California Sur es aún más complicado, ya que además de estos problemas, se suma uno más, el legislativo.
Por su parte, el gobernador de la entidad Carlos Mendoza Davis, recordó que no es la primera vez que la bancada de Morena y PT intentan destituir a los diputados de oposición, la primera ocasión fue hace cuatro meses, cuando manifestaban que por faltas acumuladas los ocho diputados de oposición debían ser destituidos, sin embargo, gracias a una instrucción precisa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ordenó la reinstalación en una controversia constitucional, que el titular del ejecutivo interpuso ante el máximo tribunal, pero ahí no se detuvo, por segunda ocasión llevaron a cabo un juicio político, buscando una manera, una herramienta y encontrando el vehículo en este esquema que fue promovido por un ciudadano, mismo que al parecer, no sabía claramente las razones y los hechos que había denunciado, dando con ello un gran golpe al Poder Legislativo con la destitución de cinco de los ocho diputadas y diputados de oposición, violando al principio constitucional de democracia representativa y pasando por encima de un mandato de la Suprema Corte de Justicia y del Juez de Distrito de BCS.
Durante la entrevista el gobernador de Baja California Sur Mendoza Davis, puntualizó que la repercusión inmediata es que él, con responsabilidad y fundamento en la Ley, recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó y así lo anunció, que no se publicará ningún acuerdo, ningún decreto, ninguna ley, que se remita para su publicación por parte del Congreso del Estado, mientras este no se integre por todas las y los diputados que fueron electos por la ciudadanía.
“Teniendo una crisis sanitaria importantísima con motivo del Covid-19 que ha generado una crisis económica seria de la cual hoy el INEGI da a conocer que se tuvo un decrecimiento del 17% en el segundo trimestre de este año, con todos los efectos que esto implica, pues habrá que agregarse ahora el factor político que a todas luces muestra intenciones y fines electorales, ya que van buscando no solo obtener el manejo del Congreso a su antojo, sino también, buscan obtener beneficios políticos y hablo de manera muy clara en el tema de la planta desaladora que he venido gestionando desde que llegue a la administración, la cual solicité al gobierno federal anterior, se lo solicité al actual, incluso al mismo presidente López Obrador en tres ocasiones y finalmente esta última vez, que estuvo aquí hace algunas semanas, logramos comprometer este proyecto para beneficio de la sociedad cabeña”, apuntó.