La Paz, Baja California Sur.- Ante la reciente reforma que coloca a la Guardia Nacional bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), aprobada el pasado 25 de septiembre, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur, advirtió posibles vulneraciones a los derechos humanos sobre esta decisión.
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A nivel nacional e internacional, comentó la titular de la institución, Charlene Ramos Hernández, existe un temor creciente debido a la preocupación de que los militares, entrenados para la defensa y el combate, “no están preparados para tareas de seguridad pública que requieren un trato cercano y diario con la ciudadanía”.
“Es entendible el temor, puesto que hay criterios de cortes nacionales e internacionales que indican que no es prudente delegar estas labores de seguridad interna a rangos militares”.
Su análisis se basa en que el entrenamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas está orientado a la defensa nacional, lo que difiere del tipo de capacitación que reciben las fuerzas de seguridad pública, cuya responsabilidad es garantizar el orden y la protección de los derechos civiles.
Diferencias en los enfoques de seguridad
La presidenta de la CEDH declaró que las funciones de las Fuerzas Armadas y la Policía civil son inherentemente distintas, tanto en su entrenamiento como en sus objetivos.
"El personal del ejército está entrenado para aniquilar, porque esa es la importante labor en materia de seguridad nacional y defensa de la soberanía", explicó. En cambio, las fuerzas policiales, que velan por la seguridad interna, deben estar entrenadas para proteger y servir a la población civil de manera pacífica.
Además, enfatizó que en sus labores cotidianas de contacto con la ciudadanía requieren una formación que no necesariamente se ajusta al perfil militar.
“No es recomendado a nivel internacional que las Fuerzas Armadas se encarguen de la seguridad pública diaria”, subraya, recalcando la diferencia en los métodos y la preparación de ambos cuerpos.
Responsabilidad ante violaciones de derechos humanos
A pesar de estas preocupaciones, la presidenta de la CEDH subrayó que el hecho de que los elementos de la Guardia Nacional ahora están bajo el mando militar no significa que estén exentos de responsabilidad ante violaciones de derechos humanos y expuso que la Constitución mexicana es clara en este aspecto.
"Las obligaciones constitucionales de nuestro artículo primero indican que 'todas las autoridades, en todos los ámbitos', están sujetas al respeto de los derechos humanos".
En caso de que se presenten abusos o violaciones a los derechos humanos, Ramos Hernández indicó que será competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar y resolver los casos, siempre bajo los principios establecidos por la ley.
“No es correcto pensar que por el hecho de que sean personas de fuerzas armadas puedan actuar sin consecuencias. Todos, sin excepción, están sujetos a la ley”.
Mecanismos de quejas y seguimiento
Si bien la CEDH no tiene competencia directa en la investigación de presuntas violaciones cometidas por militares, Ramos Hernández enfatizó la importancia de que cualquier persona que considere que ha sido víctima de abuso por parte de la Guardia Nacional, presente su queja ante la CNDH.
Este mecanismo de denuncia, dijo, es esencial para garantizar que los derechos humanos sean respetados, incluso en un contexto donde la militarización de las funciones de seguridad pública está en marcha.
El compromiso de las instituciones de derechos humanos en México, tanto a nivel estatal como nacional, sostuvo, es salvaguardar los derechos de todas las personas, sin importar el contexto en el que ocurra el acto.
Debate sobre la militarización
El traspaso de la Guardia Nacional a la SEDENA es un tema ampliamente debatido en México. Tanto críticos y defensores de esta medida manifestaron sus posturas, mientras la sociedad civil observa con atención las posibles repercusiones de la reforma.
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Ramos Hernández insistió en que, si bien existen temores válidos, es esencial que se mantenga un enfoque vigilante sobre la conducta de las fuerzas militares en su nuevo rol como “guardianes del orden público”.
Este proceso, según la presidenta de la CEDH, requiere una vigilancia constante y una evaluación continua por parte de las autoridades y la sociedad civil para asegurarse de que la militarización no derive en abusos. "El respeto a los derechos humanos debe ser una prioridad, sin importar quién esté a cargo de la seguridad", puntualizó.
Charlene Ramos Hernández advirtió que es fundamental que la sociedad confíe en las instituciones de derechos humanos, además de hacer uso de los mecanismos disponibles para presentar quejas o denuncias, en caso de presentarse abusos, ello en un escenario en el que las Fuerzas Armadas ahora desempeñan un papel importante en la seguridad pública, la vigilancia y el respeto hacia los civiles.
