La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).-El Pleno de la XVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción, referente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se expide la “Ley de Archivos para el Estado de Baja California Sur”, presentada por la diputada Gabriela Cisneros Ruíz, diputado José María Avilés Castro y diputada María Luisa Trejo Piñuelas.
El referido proyecto de ley, entre otras cosas, busca establecer: la organización y funcionamiento de los archivos actualizados de los sujetos obligados; dejar las bases para el desarrollo y la implementación de un sistema integral de gestión de documentos electrónicos encaminado al establecimiento de gobiernos digitales y abiertos.
Acceso a toda la información contenida en los documentos generados, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados que serán públicos; la creación de un Registro Estatal, cuyo objeto es obtener y concentrar información sobre los sistemas institucionales y de los archivos privados de interés público, administrado por el Archivo General del Estado.
Que los servidores públicos elaboren un acta de entrega-recepción al separarse de su empleo y entreguen los archivos que se encuentren bajo su custodia; y la creación del Sistema Institucional que sustente la actividad archivística, de acuerdo con los procesos de gestión documental.
Los iniciadores puntualizaron que, para que la entidad se consolide como un Estado moderno y democrático, es pertinente la creación dela Ley de Archivos que permita el control de una documentación sistematizada, mediante el conocimiento de las características de la misma, y la rendición de cuentas de los servidores públicos, para estar en condiciones de practicar el derecho a la verdad mediante el acceso libre a la información pública.
En contexto, los iniciadores argumentaron que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar el derecho a la verdad y a la memoria, establece de manera puntual que, “Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.”.
Y dado que, de conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el cual se expide la “Ley General de Archivos”, se otorgará un plazo de un año, a partir del 15 de junio de 2019, para que las legislaturas de cada Entidad Federativa armonizarán sus ordenamientos relacionados con la ley, fue que los iniciadores en un trabajo interinstitucional y plenamente consensado con los sujetos obligados y del órgano legislativo, trabajaron en el análisis de la armonización en materia de archivos a la citada ley general.
Finalmente los legisladores dictaminadores del proyecto, resaltaron que con dicho ordenamiento jurídico se creará el Archivo General del Estado que tendrá por objeto promover la organización y administración homogénea de archivos, preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental del Estado, con el fin de salvaguardar la memoria estatal de corto, mediano y largo plazo; así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas.
Suscríbete aquí a la edición digital de El Sudcaliforniano
En la discusión del tema, la Diputada María Luisa Ojeda González (PRD), se mostró a favor del dictamen, y reconoció a las y los diputados integrantes de la comisión al armonizar los ordenamientos relacionados a la Ley General de Archivos, los cuales se debieron de ejecutar en la XV Legislatura del Congreso del Estado a más tardar el 20 de junio de 2020, lo que representa un incumplimiento de 2 años 5 meses.
Por su parte el Diputado Luis Armando Díaz, expresó mostrarse a favor del dictamen al considerar ser importante y necesaria la regulación a los sujetos obligados con respecto a la Ley de Archivos, de modo que, con dicho instrumento jurídico, las y los ciudadanos tengan derecho a acceder a los documentos.