La Paz, Baja California Sur. – El Congreso de Baja California Sur leyó por primera vez este martes los resultados de la revisión y fiscalización de su propia cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2022, así como la del gobierno estatal.

Se dieron a conocer los detalles sobre las auditorías realizadas, enfocándose en las observaciones y recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la comisión de vigilancia encabezada por la diputada Gabriela Montoya Terrazas, del Partido del Trabajo (PT).

Cabe señalar que estos resultados aún están sujetos a votación, lo cual definirá si se convierten en observaciones oficiales.

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Aprueban cuenta del gobierno estatal

La Secretaría de Finanzas fue objeto de una revisión exhaustiva que resultó en 25 observaciones preliminares. Entre los puntos destacados se encuentran algunas “inconsistencias” en la gestión financiera.

El dictamen resalta la revisión detallada de los ingresos y egresos del Estado, señalando que los ingresos recaudados fueron ligeramente menores a lo estimado, reflejando una variación “sin impacto significativo en términos relativos”.

En cuanto al gasto, se identificaron subejercicios en partidas clave como materiales y suministros, servicios generales, transferencias y ayudas, lo que llevó a un subejercicio total del 3% respecto al presupuesto modificado.

Se detectaron deficiencias en la gestión de recursos destinados a programas estatales, que ascendieron a un monto observado de 15 millones de pesos, tales como falta de comprobación en el uso de recursos y la ausencia de documentación adecuada para justificar ciertos gastos.

Como irregularidad de la modificación presupuestal, la Secfin no presentó el acta de aprobación para una modificación presupuestal por 12 millones 500 mil pesos.

La ASE recomendó implementar medidas correctivas para mejorar los controles internos y garantizar que los recursos públicos sean administrados conforme a la normatividad vigente.

La Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso instó a la Secretaría de Finanzas y Administración a solventar estas observaciones en el plazo otorgado y a presentar la documentación faltante para evitar posibles sanciones administrativas.

Durante la auditoría de cumplimiento, gestión financiera, y desempeño al Congreso local, se realizaron un total de 38 observaciones preliminares, de las cuales 21 fueron solventadas satisfactoriamente.

Hubo una ampliación neta de ingresos de 9 millones 618 mil 785 pesos y 22 centavos, generando un total de ingresos modificados de 243 millones 618 mil 785 pesos y 22 centavos. Sin embargo, el Congreso no cuenta con el acta de aprobación para esta modificación presupuestal.

En cuanto a egresos, se observó un subejercicio de 7 millones 275 mil 109 pesos y 9 centavos, principalmente en servicios personales, materiales, suministros, y bienes muebles.

Se trató de un “cumplimiento Parcial”, ya que varias observaciones permanecieron sin ser atendidas, destacando la falta de un sistema de control interno adecuado y la falta de conciliación del inventario de bienes muebles con los registros contables.

La auditoría cubrió un porcentaje del 99% de los ingresos y el 84% de los egresos, concluyendo que el Poder Legislativo presentó inconsistencias en una modificación presupuestal por 9 millones 618 mil 785 pesos con 22 centavos, sin contar con la aprobación formal correspondiente.

El Congreso deberá justificar la diferencia de recursos no ejercidos durante 2022 y acreditar los documentos de reintegro de los recursos no utilizados.

La Comisión Permanente de Vigilancia ha solicitado que se cumplan con las recomendaciones emitidas para evitar posibles sanciones y garantizar la correcta administración de los recursos públicos.

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Es importante destacar que los resultados presentados aún no son definitivos, ya que deberán ser sometidos a votación por parte del pleno del Congreso del Estado, en la sesión del próximo jueves 31 de octubre.

Por otro lado, con el voto del pleno de forma unánime se oficializó la aprobación de la cuenta pública de la Asociación Portuaria Integral (API), así como la no aprobación de las correspondientes a los organismos de agua potable de La Paz y Mulegé, así como al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Mulegé (Itesme), al FOIS Los Cabos y al Instituto de Cultura y Artes de Los Cabos.