La Paz, BCS (OEM-Informex).- Marcos Francisco Gluyas Solorzano vicepresidente nacional de Infraestructura de Comunicaciones de la Cámara Mexicana de la industria de la Construcción [CMIC], dialogó con los afiliados de Baja California Sur sobre los aspectos y las condiciones, que giran en torno a las obras que vienen realizando para las administraciones públicas.
En el encuentro dijo que las licitaciones realizadas durante el 2019 tuvieron aspectos positivos, entre ellos destacó la gestión que se ha hecho ante las delegaciones de la SCT, con lo que se logró que el 60% de las adjudicaciones de obras para proyectos carreteros, haya sido entregada a socios de la Cámara.
Mencionó también que en el rubro de licitaciones por invitación, los números logrados fueron de un 70% y añadió que en estos procesos, tomando en cuenta la opinión de los propios constructores, se han logrado efectuar con las cualidades de transparencia que se requieren.
Por esta condición Gluyas Solorzano comentó que se ha logrado reducir la corrupción y pidió a los presentes que denuncien estos actos, ya que hay antecedentes muy graves y esto es algo que debe abatirse en todas sus formas.
Habló del presupuesto de egresos que en el presente año fue asignado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el cual asciende a los 31 mil 115 millones de pesos. De ellos el 53% que son 17 mil 294, será destinado al programa de mantenimiento; 10 mil 650 serán para infraestructura económica; mil 900 serán para inversiones financieras; mil 200 para estudios de reinversión; y mil para adquisiciones.
Cabe referir que además de registrar las inquietudes de los socios y aclarar sus dudas, el subdirector presidió la asamblea delegacional que celebró la representación que preside Luis Alfonso Huerta Avilés.
El titular estatal por su parte destacó el acercamiento que existe con el actual director del centro SCT, Julio César Medellín Yee, con quien se ha integrado una comisión mixta para el tema de las licitaciones.
Finalmente el subdirector destacó el trabajo que se ha llevado a cabo para lograr un mejor funcionamiento en el proceso de pagos por obra, ya que se han logrado avances que permiten percibir una mejor actitud de parte del gobierno federal ante este tipo de obligaciones.