La Paz, Baja California Sur, (OEM-Informex).- La diputada Blanca Belia Márquez Espinoza, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que propone crear sanciones civiles en los casos de violencia familiar que van desde multas de 20 a 200 UMAS. (1,792.40 a 17,924.00 pesos), dependiendo la gravedad y reincidencia; crea en el código la reparación del daño en los casos de violencia familiar; elimina el supuesto de cesar la obligación de proporcionar alimentos por carecer de medios para cumplirla; define por primera vez la violencia familiar en el código, creando un capitulo que lo tipifica.
Así mismo, busca eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres y las niñas y niños del Código Civil, para actualizarlo, pues data desde 1997 y crea el capítulo IX “De la Violencia Familiar”, que contempla la creación de dos artículos, el 239 BIS y el 239 TER, que describen de manera clara el concepto de violencia familiar, así como detalla las nuevas facultades sobre medias cautelares que puede disponer el juez de lo familiar en caso de presentarse situaciones de violencia.
Dicha iniciativa surge de mesas de trabajo y foros que desarrollo el INSMUJERES y actores estratégicos de universidades, DIF, Asociaciones civiles, procuraduría, consejería jurídica, atendiendo las recomendaciones de convenciones internacionales como ONU MUJERES, CEDAW, entre otros.
De igual forma, lleva el propósito de eliminar todas las expresiones discriminatorias respecto a los calificativos de las y los hijos, expresiones ofensivas que estigmatizan a los niños como hijo adoptivo, hijo propio, hijo incestuoso, hijo adulterino o hijo extramatrimonial.
“Llamarle a un niño o niña adulterino, o negarle el nombre de sus padres biológicos porque una norma lo prohíbe es una forma de infringir sus derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales”, enfatizó la representante popular, agregando que con ello se permitirá armonizar el Código Civil con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a respetar el derecho a la identidad, incluidos el del nombre y de las relaciones familiares.
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Consideró inadmisible que en pleno Siglo XXI, cuando el país ha suscrito una serie de acuerdos y tratados internacionales respecto a los derechos de las y los niños y cuando ya se han incorporado a nuestras leyes una serie de preceptos que incorporan los derechos de estos, incluyendo nuestra Carta Magna, aún se cuente con este tipo de clasificaciones discriminatorias de los hijos en las leyes de Baja California Sur.
La iniciativa, (que se asignó a las comisiones de Igualdad de Género y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes), busca que el niño o la niña puedan ser reconocidos por su padre biológico, independientemente del estado civil de la madre.
