La Paz, Baja California Sur (OEM-Informex).- Ejidos que se oponen a que sus tierras sean decretadas como Area Natural Protegida en las Sierras La Giganta y Guadalupe, en una superficie de 1.6 millones de hectáreas desde La Paz hasta Mulegé, entregaron al gobernador Víctor Castro un documento en el que exponen 20 razones por las que no están de acuerdo con este proyecto, impulsado por la ONG Niparajá desde el año 2014 durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Los ejidatarios consideran que Baja California Sur ya contribuyó al cumplimiento de los compromisos internacionales que México ha firmado en materia de cuidado al medio ambiente, una vez que el 42% del territorio del estado es Area Natural Protegida, y en contraparte, reclaman su derecho al desarrollo, a más y mejores caminos, educación, vivienda, salud, energía eléctrica, agua potable, internet, trabajo, apoyos para detonar la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo y todas las actividades productivas que contribuyan al crecimiento, al empleo y al desarrollo, no al conservacionismo.
Señalan que siendo Baja California Sur un estado con gran vocación turística, el destinar las tierras ejidales a la conservación implicaría cerrar para siempre la esperanza de mejorar su patrimonio y el de sus familias, ya que las tierras convertidas en ANP perderían su plusvalía debido a que no podrían ser desarrolladas.
Destacan el hecho de que según la Ley, las tierras que se decretan ANPs pasan a ser administradas por la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas,quien a su vez tiene la facultad de entregar esta administración a terceros, lo que en los hechos constituye una expropiación disfrazada, sin que haya de por medio ninguna indemnización.
Porque de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y La Protección al Ambiente en su artículo 2, las ANP se consideran de Utilidad Pública, es decir, adquieren un status similar al de una expropiación, en este caso, con la finalidad de proteger y preservar el medio ambiente, no de explotarlo racional y ordenadamente, sino conservarlo, pero condenado a las actuales a renunciar a sus recursos naturales y a la vocación productiva de sus tierras.
Porque según la ley, en las ANP solo se podrán llevar a cabo explotación agrícola pesquera y pecuarios “actuales”, sin posibilidades de ampliación o crecimiento, además de que estas actividades deberán ser compatibles con las acciones de conservación del área.
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Explican que–salvo la minería- en las ANP solo se permiten algunas actividades productivas en la las zonas de amortiguamiento pero sólo podrán realizarse las emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria; es decir, se condena a los propietarios de la tierra y a los habitantes a convertirse en espectadores de la naturaleza y a vivir en las condiciones que actualmente enfrentan, que en la mayoría de los casos son de marginación y de pobreza, y porque según el EPJ, las tierras serian territorio de trabajo de Niparajá.
Porque en la elaboración del Estudio Previo Justificativo publicado en el año 2014 para el ANP Sierras la Giganta y Guadalupe se violó el artículo 58 de la ley que señala que previo a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas, se deberán realizar los estudios que lo justifiquen; en este caso, el estudio es apócrifo y por tanto nulo de pleno derecho debido a la falsedad de la información contenida, entre la que destaca: Que participaron –entre otros- la UABCS, el CIBNOR, LA SEMARANAT y EL INAH, cuando los propios representantes de estas instituciones desmintieron tal versión.
Denuncian que en el proceso de consulta para este proyecto nunca se consultó a los 20 ejidos dueños de las tierras que se pretenden afectar, solo a algunos rancheros, que en su mayoría no son propietarios de los predios que ocupan, y según el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat Iván Rico hubo una consulta “de papel”, no se hizo con las comunidades y estuvo “muy manoseada”. Entre otras razones.
