La Paz, Baja California Sur.- El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, José María Avilés Castro, declaró que la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California Sur, en materia de revocación de mandato deberá analizarse para saber cuál será el impacto presupuestal y si es factible aprobarla.
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“Acabamos de enviar a la Secretaría de Finanzas precisamente el asunto del impacto presupuestal, que lo más seguro es que se remita al Instituto Estatal Electoral que pueda estimar los costos de una consulta para entonces nosotros ya poder presentar el dictamen correspondiente”, dijo Avilés Castro.
El legislador dijo que hay dos etapas que se deben de cumplir y una de ellas es la Ley de Disciplina Financiera que en el artículo 22 señala que todo aquel dictamen que lleve consigo un impacto presupuestal tiene que acompañarse con una corrida financiera y el impacto presupuestal correspondiente.
“Es una iniciativa que implica recursos porque que para que se pueda llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, tienen que colocarse mesas de consulta no sabemos en qué secciones, en todas o en algunas partes como ocurrió con la consulta de revocación de mandato presidencial, además deben capacitarse a los funcionarios de casilla”, dijo.
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Debido a que La XVI Legislatura está a poco tiempo de concluir, Avilés Castro mencionó que buscarán que sea aprobada durante este periodo, sin embargo, enfatizó que no dependen de él los procesos que se tengan que llevar a cabo para aprobar o no un dictamen.
“Eso es un ordenamiento, hay algunos que no ocupan porque son trámites administrativos, si nosotros hacemos una modificación por ejemplo en un asunto del registro civil y que únicamente es registrar ya hasta el personal y no lleva más costo, es simple, no tiene impacto presupuestal, pero en este caso sí tiene un costo”, reiteró.
