La Paz, Baja California Sur (OEM-Informex).- A raíz de la destitución de cinco diputadas y diputados del Congreso del Estado de Baja California Sur y la amonestación de tres más, un hecho grave para la democracia de los Sudcalifornianos, el cual lastima severamente a todas y todos los ciudadanos, mismo que fue generado por las y los diputados de la fracción de Morena y PT, desobedeciendo al mandamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha creado gran controversia y llenado de problemas que afectan severamente a la ciudadanía ya que pone en riesgo la construcción de la planta desaladora en el municipio de Los Cabos, la cual beneficiará a la población de Cabo San Lucas por un periodo de 25 años aproximadamente, hecho que preocupa al gobernador del estado Carlos Mendoza Davis y al Consejo Coordinador de Los Cabos.
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Tras los hechos, el Consejo Coordinador de Los Cabos se pronunció como sociedad civil organizada e iniciativa privada ya que manifiestan estar convencidos que sólo con el estado de derecho se puede dar una verdadera convivencia social ordenada, democrática y sobre todo en la legalidad para el desarrollo económico y social de Los Cabos y Baja California Sur.
El mismo estado de derecho en México es claro al señalar el respeto que debe haber entre los poderes que conforman el Estado; el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y la relación entre los mismos, estableciendo como máximo órgano para resolver las controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo al Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahora bien, a través de los medios de comunicación local y estatal hemos conocido del conflicto que se vive al interior del Congreso del Estado de Baja California Sur que hoy por hoy pone en riesgo la vida pública y política del estado.
Conocemos de las controversias constitucionales y suspensiones provisionales que ha acordado el Poder Judicial, incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del Ejecutivo del Estado y de un grupo de diputados de minoría en el Congreso.
Tenemos conocimiento también que las disposiciones expresadas por el Poder Judicial no habrían sido acatadas en más de una ocasión por la mayoría en el poder legislativo, lo que nos parece grave al atentar contra el propio estado de derecho y por ende a la vida pública, institucional y política en nuestro estado.
La pretendida destitución de legisladores de oposición, nos supone también un atentado a la democracia en el estado y las decisiones expresadas por los sudcalifornianos en las urnas en el pasado proceso electoral del 2018.
Estamos conscientes también que este conflicto de carácter político e institucional que priva en el Congreso del Estado, no sólo afecta el propio trabajo legislativo en cuanto a la reforma o propuesta de nuevas leyes, si no a otras atribuciones del Poder Legislativo, como la aprobación de obras y financiamiento que presenta el Poder Ejecutivo en su nivel estatal o municipal.
En este supuesto se encuentra el proyecto de la desaladora de Cabo San Lucas, que como Consejo Coordinador de Los Cabos desde hace varios años hemos acompañado y promovido en conjunto con los gobiernos estatal y municipal, toda vez que este importante proyecto de carácter social forma parte de los compromisos 10 de 10 que firmaron tanto el gobernador Carlos Mendoza Davis, como la alcaldesa Armida Castro Guzmán como candidatos ante este Consejo, a quienes les reconocemos su disposición y gestoría para que el Gobierno Federal haya ya etiquetado recursos por más de mil millones de pesos para su construcción.
Estamos ciertos que el conflicto al interior del Congreso del Estado ante los procesos judiciales que se siguen por las actuaciones de los legisladores ponen en riesgo de retraso esta obra que será vital para el desarrollo social de Los Cabos al resolver una de las problemáticas más sentidas de todos los que viven en ese destino, el acceso al agua.
no puede ni debe ser un conflicto de naturaleza política, debe estar por encima del desarrollo social de las familias de Los Cabos y su derecho de acceso al vital líquido.
Es por ello que como Consejo Coordinador de Los Cabos, hacemos un llamado urgente al Poder Legislativo en Baja California Sur a honrar el juramento que hicieron de cumplir y hacer cumplir la ley al tomar protesta como legisladores sudcalifornianos.
Por lo que, el Consejo Coordinador de Los Cabos pide a las y los diputados respeten y acaten como lo hacen todos los ciudadanos los acuerdos y disposiciones emanados del Poder Judicial, para qué de esta manera se puedan retomar en lo inmediato los trabajos legislativos tan importantes para la vida pública de los Cabeños y Sudcalifornianos.
En estos momentos en que la sociedad civil organizada y el gobierno van de la mano para enfrentar dos de las más grandes pruebas que han enfrentado los sudcalifornianos; la crisis por la pandemia del Covid-19 y la crisis económica derivada de la misma, la cuál no se puede detener por conflictos políticos.
Llamamos pues a la conciencia y responsabilidad de nuestros legisladores.
Los Cabos y Baja California Sur nos necesita a todos atendiendo la crisis sanitaria y económica, no podemos arrastrar también una crisis política.
