La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex). En el marco del 28 de Marzo de 2023, “Día Nacional para el Combate a los Discursos de Odio”, la diputada María Guadalupe Moreno Higuera, integrante de la fracción parlamentaria del Partido MORENA; presentó una iniciativa con proyecto de decreto que se reforma la denominación del capítulo II del título séptimo y se adiciona el artículo 205 ter, al código penal del estado de Baja California Sur.
La reforma impondrá de dos a cuatro años de prisión o multa de doscientos cincuenta a cuatrocientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta trescientos días de multa al que realice un acto peyorativo o discriminatorio e incite a cualquier acto de violencia contra cualquier persona, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género, orientación sexual u otro factor de identidad.
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Explico que “En la actualidad existen tantas formas de comunicación que, en consecuencia, se han incrementado o mejor dicho, de han hecho más visibles las distintas formas de intolerancia y discriminación como: La xenofobia, el racismo hacia comunidades indígenas, afromexicanas e integrantes de la comunidad LGBTIQ+”
Destacó que la iniciativa “Es una forma de prevenir futuros conflictos de violencia que se puedan desencadenar contra grupos o comunidades históricamente discriminadas, por ello, es de suma importancia tomar acciones contundentes -como las que ahora propongo- en las que el Estado pueda garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y la población”
Detalló que la política criminal de sudcalifornia debe considerar incluir un mecanismo de prevención del delito orientado a este gran sector de la población de BCS que, si bien es minoría, también cierto es que tienen derecho a desarrollarse plenamente en un entorno social de paz y armonía, siendo este propósito estatal un principio fundamental para la sociedad.
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Abundó en que la incitación al odio y a la violencia, también suele manifestarse a raíz de creencias religiosas, donde el fanatismo puede llegar a provocar actos violentos dirigidos a miembros de otras religiones, no creyentes o minorías que no simpatizan con esas ideologías, por lo que se debe reconocer que la discriminación es una práctica tan reiterada, no obstante su prohibición Constitucional y Convencional.
Afirmó que por ello el derecho penal sudcaliforniano tiene que ser incorporado a través del proceso legislativo con supuestos que incluyan medidas y penas que regulen y combatan los múltiples actos de violencia radicadas estructuralmente en la sociedad.
