La Paz, Baja California Sur, (OEM-Informex).- El gobernador Carlos Mendoza Davis hizo un llamado al Congreso del Estado para que cumpla con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reintegrando en sus funciones a las y los diputados destituidos y sometiendo a discusión y aprobación el proyecto de la planta desalinizadora de Los Cabos, una vez que se agota el tiempo legal para concluir los trámites que hagan posible la construcción de esta importante obra.
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En un mensaje difundido en sus redes sociales, el gobernador destacó que en los últimos días, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un juzgado federal de distrito se pronunciaron sobre el conflicto que vive el Congreso local, sin embargo, los diputados de Morena y del PT, quienes tienen mayoría en el Congreso, se han negado a acatar lo ordenado por el Poder Judicial Federal.
DESACATO DE LOS DIPUTADOS
Consideró que dicha negativa para cumplir lo ordenado es un franco desacato a la ley y trasgrede el Estado de Derecho, por tanto resulta por demás inexplicable que quienes tienen el mandato popular de crear y reformar las leyes, hoy se nieguen a hacer valer el estado de derecho previsto en el orden constitucional.
Desafortunadamente, los más afectados de este conflicto entre diputados son los ciudadanos, pues como la Suprema Corte de Justicia lo ha determinado, no hay seguridad ni certeza jurídica en los actos que emanan del legislativo estatal.
El gobernador hizo una recapitulación de estas resoluciones y citó primero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en atención a la Controversia Constitucional que como titular del Ejecutivo interpuso en relación al conflicto en el Congreso local de Baja California Sur, en resolución de fecha 8 de septiembre, señaló textualmente que ante la falta de seguridad y certeza jurídica en relación con la legitimación de los representantes del poder legislativo en el estado de Baja California Sur, ha lugar a conceder la medida cautelar para que se suspendan los efectos y consecuencias de las sesiones del Congreso cuya invalidez se solicitó y que incluye a aquella donde ilegalmente se autorizó el proyecto de financiamiento de la desalinizadora para el municipio de Los Cabos.
De la misma manera, dijo Mendoza Davis, nuestro máximo tribunal nacional, con relación a los efectos jurídicos del juicio político que concluyó con la separación de 5 y amonestación de 3 diputadas y diputados de minorías opositoras, expresamente instruyó al Congreso para que suspendiera la ejecución de la resolución emitida y, por ende, reintegre a las y los diputados en sus funciones.
DEBEN REINTEGRAR A LEGISLADORES
Señaló además que el Juzgado Segundo de Distrito en Baja California Sur, con fecha 17 de septiembre, determinó que el Congreso del Estado, en un plazo máximo de 24 horas, debía realizar las gestiones necesarias para que se revocara la resolución emitida en el juicio político que concluyó con la separación de 5 y amonestación de 3, diputadas y diputados de minorías opositoras, y se dejara dicho procedimiento hasta el estado que guardaba antes de resolverse el mismo, absteniéndose de emitir resolución.
DOS RESOLUCIONES, DOS
Hizo énfasis en que la Corte ha suspendido ya en dos ocasiones los efectos y consecuencias de las sesiones a partir del 17 de marzo cuando se originó el problema en el Congreso; Esto quiere decir que todo, absolutamente todo lo aprobado a partir de esa sesión carece de validez legal, lo que incluye, la aprobación del proyecto y financiamiento para la nueva desalinizadora de Los Cabos.
QUE NO LOS ENGAÑEN
Que no les engañen quienes tienen la obligación de representarles y cuidar sus intereses; lo que es claro no da lugar a la interpretación, menos cuando se trata de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garante de la legalidad y la división de poderes en nuestro país, expresó.
En ese mismo sentido, señaló que no se trata solo de un tema que interese al Congreso y el Ejecutivo; Se trata de un tema que afecta la gobernabilidad e impide que resolvamos los problemas de la gente a la que tenemos obligación de servir.
30 DE SEPTIEMBRE, EL PLAZO
Insistió en que los diputados deberán de someter a consideración del pleno de nueva cuenta el proyecto de la desalinizadora, fundamentándolo en la Ley Reglamentaria del Congreso, que es la Ley vigente, pues de lo contrario, sería nula dicha aprobación, y alertó sobre la urgencia de esta decisión, debido a que no hay mucho tiempo para hacerlo; recordó que el Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, ha señalado el 30 de septiembre como el plazo máximo para que el Organismo Operador Municipal de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, inicie el procedimiento de licitación de la Planta Desaladora, y para que eso suceda, la aprobación del Congreso es requisito indispensable.
Gobierno Federal, municipal y estatal hemos trabajado muchos meses en este proyecto que públicamente y de manera repetida he solicitado al señor Presidente de la República desde su primer viaje a Baja California Sur, incluso, aún como Presidente electo. Afortunadamente, el señor Presidente ha sido sensible al llamado y se comprometió a ayudarnos, agregó.
VÍCTOR CASTRO Y ARMIDA CASTRO
Mendoza Davis reiteró su llamado a la presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro Guzmán y al representante del Gobierno Federal en Baja California Sur, profesor Víctor Manuel Castro Cosío, para que sensibilicen del tema a las y los diputados de su partido y se pueda resolver el diferendo de la manera en que el poder judicial federal lo ha instruido.
Si no hay desalinizadora, no habrá resultados, no habrá éxito y de nada habrá servido el esfuerzo conjunto realizado. Digámoslo como es: será un fracaso y será fallarle a las y los cabeños; No hay tiempo que perder; Es ahora a nunca, dijo para concluir.
