Está vacante plaza de delegado de Economía

Pública la Secretaría de la Función Pública 5 vacantes para la delegación BCS, no desaparece el cargo

Elías Medina P.

  · martes 9 de julio de 2019

La Paz, Baja California Sur.- La Secretaría de la Función Pública emitió en su portal una lista de puestos disponibles en la delegación de la Secretaría de Economía de Baja California Sur, mismos que ocupaban los funcionarios despedidos el pasado mes de junio, con el argumento de la austeridad republicana implementada por el gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente López Obrador y la supuesta desaparición de las plazas, ordenada por la Secretaría de Hacienda.

Esta publicación provocó repudio y malestar entre los despedidos, algunos con más de 25 años de servicio, a quienes además de privarlos de su trabajo, se les negó la indemnización que por derecho corresponde.

Uno de los afectados, cuya identidad pidió ser omitida por temor a represalias, denunció que todo fue una mentira, y que los argumentos de los enviados a esta ciudad por la Secretaría de Economía de que las plazas desaparecían, eran totalmente falsos, como ha quedado comprobado con la publicación de vacantes en la página de la SFP, y que son las mismas plazas de los que despidieron.

Según este portal están disponibles las mismas plazas que ocupaban los despedidos, y son: una de jefe de Departamento de Servicios; una de jefe de Promoción; una de Coordinación de Servicios; una de delegado federal, y una plaza de coordinador de Promoción, en el sitio se aclara que las plazas están vacantes, aunque por ahora no están a concurso.

Esta información se puede consultar ingresando con el link https://www.trabajaen.gob.mx, metiéndose a Baja California Sur y Secretaría de Economía.

SIGUEN LOS JUICIOS

Entre tanto, los juicios interpuestos por los funcionarios despedidos sigue su curso, y se espera que en un plazo no mayor de 4 meses se obtengan los primeros resultados, aunque en la ruta crítica de los despachos que llevan estos casos, no se descarta que incluso puedan tardar hasta dos años, aunque en cualquiera de los escenarios, el gobierno federal estaría obligado a pagar montos que varían, dependiendo el caso, y que van desde los 500 mil hasta los 2 millones de pesos.