Estado y Ayuntamientos deben destinar mayores recursos a obras públicas en zonas rurales

La iniciativa, propuesta por la diputada Eda María Palacios, fue turnada a la comisión correspondiente

Elías Medina | El Sudcaliforniano

  · jueves 13 de octubre de 2022

la diputada Eda María Palacios Márquez presenta iniciativa la cual propone la obligatoriedad para que el Estado y los Ayuntamientos destinen mayores recursos a obras públicas en zonas rurales. Foto: Cortesía | Congreso del Estado

La Paz, Baja California Sur, (OEM-Informex).- La diputada Eda María Palacios Márquez (PRS) presentó una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el párrafo tercero del articulo 77 y se adiciona una fracción XIII al artículo 17, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, para destinar un porcentaje del presupuesto para la realización de obra pública en las localidades rurales principalmente del municipio de Los Cabos y demás municipios, el cual no podrá ser inferior al 10% del monto destinado para obra pública en el ámbito estatal y municipal del ejercicio fiscal correspondiente.

Propone también que las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables.

Lo anterior con el objeto de redoblar los esfuerzos presupuestales para que a las zonas rurales de los municipios se les garanticen el desarrollo social y humano al que tienen derecho, dado que el estado y los municipios con independencia de esos fondos les llegan los recursos etiquetados de la federación, por lo que, de aumentar y destinar mayores presupuestos para la obra pública en zona rural, este impactaría de mejor manera en el desarrollo en las localidades.

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La representante popular añadió que, con la disposición de que los expedientes se conserven por un lapso de cinco años, se fortalece la rendición de cuentas, la transparencia y la fiscalización del gasto público, debido a que las obras públicas desde el momento que se licitan y hasta que culminan su ejecución les puede tomar varios años, máxime cuando son obras de gran magnitud y que trascienden incluso a una administración municipal o estatal, motivo por el cual las autoridades fiscalizadoras deben contar con toda la información de las obras públicas para realizar un análisis adecuado en caso de ser necesario.