La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- A 6 días del incendio y posterior hundimiento del yate Fortius en el Área Natural Protegida Balandra, y en medio de un gran vacío de información oficial y de impedir con la fuerza pública el acceso a los medios al sitio afectado por el derrame de combustible, aceite y hollín, surgen versiones y dudas de empresarios locales del ramo turístico.
Respecto a la posibilidad de que tras de este accidente, exista toda una maraña de irregularidades y de complicidades en torno a la operación de viajes turísticos por parte de particulares, sin que cuenten con los permisos para este fin.
Ante la falta de información oficial, en redes sociales de los empresarios se corrió la versión de que el yate Fortius no contaba con permiso para chárter es decir para realizar paseos turísticos, salvo los realizados por el o los propietarios y sus familiares y/o invitados con fines de placer, no de negocio.
Debido a lo anterior, los seguros del yate en mención no podrían cubrir los daños ocasionados por la contaminación en Balandra, dado a que durante el accidente estaba prestando un servicio ajeno al contenido en el contrato con la Aseguradora.
Una fuente de El Sudcaliforniano cuya identidad pidió el anonimato, confirmó que en La Paz la empresa que operaba el yate Fortius ofrece desde hace años sus servicios a los propietarios de yates para que durante el tiempo en que no los usan los renten para paseos turísticos a terceros, una actividad que podría ser lícita en caso de que tramitaran los permisos correspondientes y pagaran sus respectivos impuestos, algo que en la práctica no sucede.
Hay entre los empresarios turísticos formales una gran inconformidad, debido a que la Secretaría de Marina (SEMAR) que en el actual gobierno asumió el control de las Capitanías de Puerto, no realiza las inspecciones en las embarcaciones para verificar que su operación se encuentre no solo dentro de la legalidad, sino que cumpla con los requerimientos exigidos en materia de seguridad.
Uno de los denunciantes señaló que esta práctica es pública y cualquier persona puede acceder a la renta de embarcaciones privadas que se ofrecen en páginas de internet especializadas.
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La fuente, explicó que para obtener el permiso de la SEMAR, se deben de cubrir una serie de requisitos, tales como contar con seguros completos, el capitán debe de estar certificado, confirmar que la embarcación no presente problemas de derrames, que sus luces de bengala estén vigentes, determinar la capacidad de carga y las condiciones de seguridad, entre otros.
Esta misma práctica se presenta en Los Cabos, y al igual que en La Paz, constituye una competencia desleal, según la denunciante. Al cierre de esta edición el Yate seguía en el fondo del mar.
