La Paz, B.C.S. (OEM-Informex).- Garantizar el presupuesto y la operación de las estancias infantiles es un tema que impacta no sólo a quienes requieren el servicio, sino a toda la población, porque estamos frente a una práctica discrecional de un recurso público sin garantías en la aplicación.
La actual administración federal en voz de la titular de la Secretaría de Bienestar Social e incluso del Presidente de la República, en más de una ocasión variaron sus respuestas, cuando se cuestionaba hace meses la desaparición del programa. Ahí están múltiples declaraciones grabadas al respecto. Aseguraron que habían detectado niños fantasmas en las estancias, en alusión a que los padrones habían sido alterados, un año después; tales declaraciones no han sido demostradas.
El pasado jueves 10 de octubre recibimos en el Senado la comparecencia de María Luisa Albores, Secretaría de Bienestar con muchas contradicciones por cierto, en lo que dijo. Ella expuso que “se considera al gasto social como inversión social”. En la misma comparecencia reconoció “que no ha sido tarea fácil avanzar en que todas las personas reciban a través de medios electrónicos y cuentas bancarias los apoyos”.
Cuando afirmo que la 4T falló en la política implementada con relación a las estancias infantiles, de ninguna manera es atacando, sino con fundamento y como parte de mis responsabilidades como Senadora.
Tan sólo en Baja California Sur, la afectación a 74 estancias infantiles ahí está a ojos de todas las personas. ¿Por qué no hay transparencia en los padrones que hoy se utilizan la federación y por qué tampoco hay procesos en contra de las supuestas estancias de quienes afirmaron tenían niños fantasmas registrados.
La Secretaría nos dijo en la comparecencia que ningún niño o niña que estuviera dentro del programa de estancias se quedaría sin los mil 600 pesos bimestrales, cuando minutos antes reconocía la dificultad para entregar los apoyos.
Mi función desde el Senado es justo analizar, discutir y en su caso; aprobar normas que contribuyan a nuestro sistema jurídico. Es decir, analizar esta información y compartirla es mi obligación.
En abril del 2019 y después de haber marcado una postura muy clara en contra de la desaparición de las guarderías, presenté una iniciativa que involucra la Ley General de Desarrollo Social; la General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; y la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta iniciativa tiene como único fin, proteger que no se apliquen recortes presupuestales a rubros como las Estancias Infantiles. Es importante distinguir el simple discurso, a la modificación de las Leyes que son instrumentos legales. Entre los argumentos que presenté están las cifras de la UNICEF y queda ampliamente demostrado que todo lo que sucede en la etapa de los 0-4 años de edad, define lo que será el futuro de un niño o una niña; y la falta de oportunidades o educación temprana pueden originar dificultades y problemas irreversibles para el resto de su vida.
Si los recursos públicos y la operación de las estancias infantiles sigue siendo un experimento de la 4T, sin resultados efectivos, con discreción en la aplicación de los recursos, sin mecanismos transparentes, estamos dejando sin oportunidades de un sano desarrollo a toda una generación. Es mucho más delicado que una postura de partido, es negar en la etapa más importante de la infancia las oportunidades de un sano desarrollo al que tienen derecho.
Analizar el impacto tanto positivo como negativo de las decisiones es una obligación que tengo. Cuando la ciudadanía cuestiona el trabajo legislativo están en todo su derecho, cuando critican el cierre de las estancias, también están ejerciendo su derecho. Cabe decir que quienes criticaron en el pasado que se votara en bloque, están haciendo exactamente lo mismo. Basta con que la propuesta tenga el color de su partido, para que no revisen ni siquiera las comas, menos el fondo y el impacto de lo que se vota.
La iniciativa que presenté tiene todo un soporte no sólo legal, sino sustentada en argumentos con parámetros internacionales. Organizaciones mundiales con estudios de impacto en la infancia, hacen recomendaciones que debemos atender. En ocurrencias ya se consumió un año, la 4T falló en el tema.