La Paz, Baja California Sur.- La Cámara Nacional de la Vivienda de esta entidad federativa (Canadevi) manifestó que el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la construcción de un millón de viviendas “es una buena intención”, pero falta que se precisen las reglas del programa y las fuentes de financiamiento.
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El presidente de la Canadevi en Baja California Sur, Isaías González Nava, dijo que hasta el momento solo se ha escuchado la promesa de construir esa cantidad de viviendas, pero no hay una información exacta sobre el programa ni como va a “aterrizar” en cada uno de los estados del país, porque tienen condiciones diferentes.
Mencionó que de inicio se debe precisar de donde va a salir el dinero para la construcción de las casas, porque ya se dijo que no saldría del Infonavit y el Fovissste que tienen un sistema de créditos establecido y una serie de productos que ofrecen a sus derechohabientes.
El principal problema de la vivienda en México, expuso, no se encuentra en los segmentos de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Estado, sino entre los trabajadores informales que no tienen de donde agarrarse para conseguir una vivienda.
Mencionó que es esta gente la que se acerca en las campañas a pedir apoyo para obtener una casa, pues los derechohabientes del Infonavit y del Fovissste al menos ya saben que tienen ese derecho y la posibilidad de adquirir alguno de los productos que estas instituciones ofrecen.
Abundó que los esfuerzos del programa anunciado para la construcción de un millón de casas debe estar focalizado hacia las y los trabajadores informales, y más allá del segmento de jóvenes, porque es en este segmento de la población, donde radica el verdadero problema de la falta de vivienda.
Mencionó que los constructores de vivienda están dispuestos a participar en el programa anunciado si las condiciones financieras lo permiten, anticipando que el costo para la edificación de casas en Baja California Sur no es igual que en otros estados del país, porque aquí la tierra y los materiales son mucho más caros.
Comentó que estos costos son los que hacen muy difícil construir casas de interés social en el estado, por lo que es en este tema donde el gobierno federal debe hacer un análisis más de fondo.
Dijo que aun cuando el gobierno federal sea el que construya, con la participación del ejército, los costos serán mayores a los del resto del país, pues no hay reservas territoriales o las mismas están lejos de los centros de población, por lo que hay que llevar los servicios públicos hasta esas zonas, además de que en lugares como Cabo San Lucas, donde está la mayor necesidad de vivienda, hay escasez de agua.
Puntualizó que todos los estados del país tienen institutos de vivienda, pero tampoco es una tarea fácil para estos, pues como ejemplo queda la construcción que se hizo de algunos pies de casa en la zona norte del estado, donde se entregaron a personas damnificadas, los cuales tuvieron una importante inversión, derivada de los altos costos de los terrenos y de construcción.
Mencionó que en Baja California Sur hay un rezago de 40 mil a 50 mil casas entre la derechohabiencia del Infonavit y el Fovissste, pero la necesidad es mayor todavía entre la gente que tiene un trabajo informal.
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Expresó que las cámaras de la construcción pueden participar en el programa de vivienda anunciado, pero con precios justos por sus productos o bien pueden ajustarse de forma razonable, siempre y cuando el gobierno también haga más flexibles sus regulaciones, pues además del problema de los costos de la tierra y los materiales, se suma el de los permisos que tardan mucho y la gran cantidad de requisitos que se piden para acceder a los paquetes de las instituciones federales de vivienda.
Dijo que la sobreregulación aumenta el costo de las casas hasta un 30 por ciento, por lo que si bien en el municipio de La Paz se ha avanzado en este tema, en otras partes del estado y del país representa un obstáculo que muchas veces desalienta a los constructores de vivienda.
