LA PAZ, BCS., (OEM).- El delegado de programas federales Víctor Castro Cosío descartó la posibilidad de que la contaminación de las plantas de la CFE ubicadas en el libramiento sean a causa de la disminución de recursos, negligencia o falta de mantenimiento, y afirmó que este fenómeno se presenta en todo el país en donde se usa el combustóleo para generar electricidad.
No obstante, consideró que esta problemática debe ser atendida por el gobierno federal y que técnicos, científicos y financieros deberán de buscar una solución porque no es justo que los ciudadanos de La Paz sigan respirando contaminantes.
Recordó que estas plantas tienen una antigüedad de más de 10 años y que desde que era alcalde y luego diputado federal pugnó para acabar con este problema, y recalcó que no se trata de un asunto político sino financiero y sobre todo de salud pública, y en ese sentido, declaró que el gobierno federal de resolver este problema en el corto tiempo.
Niega espaldarazo de senadores
En otro tema, descartó que la presencia de 16 senadores de la república en la ciudad de La Paz el pasado fin de semana haya sido un espaldarazo a sus aspiraciones a la gubernatura de Baja California Sur, y explicó que éstos asistieron al informe de quien fuera su suplente en la cámara Ricardo Velázquez; aceptó que con los senadores mantiene una relación “muy fraterna”.
No somos del mismo equipo
En contraparte, opinó que este fue un acontecimiento político notable que el gobernador Carlos Mendoza y el alcalde de La Paz Rubén Muñoz no aprovecharon para tratarles temas como el del IVA y otros que corresponden a la cámara.
Sobre este último también de filiación morenista, aclaró que aunque son del mismo proyecto de la 4T, pero recalcó que no son del mismo equipo.
Respecto de los recientes despidos de un grupo de funcionarios municipales a los que el edil “perdió la confianza” según el propio dicho del munícipe, Castro Cosío acusó que esta medida fue un exceso, y aunque reconoció que está dentro de las facultades del alcalde, consideró que deberá ser en un juicio donde se determine si las separaciones de los cargos fueron o no legales.