La Paz, B.C.S. (OEM-Informex).- Con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación en materia de suspensión, pérdida y rehabilitación de derechos políticos de los ciudadanos, el Tribunal Superior de Justicia del estado y la Junta Local del INE en Baja California Sur, signaron un convenio de apoyo y colaboración.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, magistrado Daniel Gallo Rodríguez, ante la vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en la entidad, Marina Garmendia Gómez, explicó que este convenio permitirá agilizar que los juzgados emitan información relacionado con las resoluciones en las cuales se determine la suspensión de los derechos políticos de los ciudadanos, derivado de alguna sanción o pena impuesta por la comisión de un delito.
Comentó que en el año 2002 se firmó un convenio análogo, pero que desde ese año a la fecha ya se ha reformado el sistema penal, así como el diseño jurídico e institucional en materia de derechos humanos, por lo que es necesario renovar el instrumento jurídico, que permita dar cumplimiento a los ordenamientos legales en la materia.
Apuntó que el Poder Judicial de Baja California Sur, asume el compromiso de una comunicación fluida entre ambas instituciones para dar cumplimiento a las leyes penales y electorales, y prevenir acciones que pudieran violar la ley y afectar el desarrollo democrático de la ciudadanía sudcaliforniana.
Por su parte, Marina Garmendia Gómez, vocal ejecutiva, señaló que los alcances del convenio permiten facilitar el intercambio de información de los trabajos que desarrolla el INE a través de lo relacionado con el padrón, el listado nominal y en particular con las credenciales para votar con fotografía que se entregan a la ciudadanía, y que para ello el Poder Judicial es fundamental para saber en qué momento algún ciudadano por algún delito que haya cometido pierde sus derechos políticos y por lo tanto ya no puede hacer uso de la credencial ni ejercer el derecho del voto.
En ese sentido agregó que en el momento en que se termina la pena o se cumple con la sanción que se impuso al ciudadano, se rehabilitan sus derechos políticos, y al ser informados por parte del Poder Judicial, se podrá de manera inmediata expedir su nueva credencial y garantizar que siga formando parte de la colectividad, agregando que el sistema judicial mexicano, es un sistema que busca la reinserción social de todas aquellas personas que cometieron un delito, concluyó Garmendia Gómez.
Atestiguando la firma del convenio estuvieron presentes el Magistrado Paúl Razo Brooks y los consejeros de la Judicatura en el estado, Ligia Patricia Muñoz Peña, y Carlos Pasquel Saucedo, así como personal de la Junta Local.