La Paz, Baja California Sur, (OEM-Informex).- En sesión ordinaria del Congreso de Baja California Sur, la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado presentó dictamen para adicionar disposiciones a diversos ordenamientos en materia de Fortalecimiento Presupuestal para los poderes Legislativo y Judicial, así como para el Organismo Autónomo de la Auditoría Superior del Estado en Baja California Sur.
El dictamen corresponde a una iniciativa presentada por el diputado Carlos José Van Wormer Ruiz, presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoria, la propuesta busca implementar a nivel de ley diversas normativas para fortalecerla autonomía presupuestal de los Poderes Legislativo y Judicial, que permitan asegurar que sus presupuestos de egresos una vez aprobados por el Congreso del Estado no puedan ser disminuidos durante el ejercicio fiscal correspondiente así como asegurar que sus presupuestos de egresos del año siguiente no sean inferiores a los que finalmente ejercieron en el año actual.
Estas adiciones se añaden al artículo sexto, en tanto que en el artículo 98 propone que establezca que “en ningún caso, el presupuesto de egresos de la Auditoría Superior del Estado podrá ser disminuido durante un ejercicio fiscal ni tampoco podrá el del año siguiente ser inferior al finalmente ejercido en el año actual”.
De igual forma, su presupuesto de egresos para el año siguiente no podrá ser inferior a: la cantidad que en su caso resulte de sumar al monto del presupuesto finalmente ejercido en el año actual, la equivalente al porcentaje en que crezca el presupuesto de egresos del Estado aprobado para el año subsecuente o la cantidad que en su caso resulte de sumar al monto del presupuesto finalmente ejercido en el año actual.
LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
Para incidir directamente en las problemáticas en la prevención y gestión de los residuos, el líder de la fracción del PAN en el Congreso del Estado, José Luis Perpuli Drew, propuso la creación de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos para la entidad, misma que consta de 140 artículos divididos en ocho títulos.
Esta iniciativa con proyecto de decreto, incorpora las obligaciones y atribuciones establecidas para las entidades federativas y municipios, en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, dándole al estado, la atribución del manejo de los residuos de manejo especial y al municipio, de los residuos sólidos urbanos; y propone la existencia de un Consejo Asesor compuesto por autoridades estatales, municipales, organizaciones de la sociedad civil, académicos y centros de investigación, que será el órgano colegiado de consulta, apoyo y concertación, integrado por los sectores gubernamentales, social, académico y privado.
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Finalmente, reconoce tres clases: residuos sólidos urbanos, los generados en casa habitación, establecimientos comerciales y vía pública; residuos peligrosos, los que poseen alguna de las características de peligrosidad (corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o biológico infecciosos); residuos de manejo especial, los generados en procesos productivos pero que no reúnen las características para ser considerados peligrosos o sólidos urbanos.
