La Paz, Baja California Sur (OEM-Informex).- En la actualidad, el aborto es legal en Baja California Sur, sin embargo, tanto el IMSS como el ISSSTE se abstienen de ofrecer este servicio, argumentando que el Código Penal Federal aún tipifica el aborto como un delito.
Con el fallo de la Suprema Corte, ahora es posible demandar atención médica para la interrupción del embarazo en cualquiera de estas instituciones.
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La Suprema Corte de Justicia de México emitió un fallo histórico que despenaliza el aborto en todo el país. La Corte ha determinado que el sistema jurídico que sanciona el aborto en el Código Penal Federal es inconstitucional, ya que vulnera los derechos humanos de las mujeres y personas con la capacidad de gestar.
Esta decisión establece un precedente significativo que obliga a los jueces en los estados que aún mantienen la penalización del aborto a reconsiderar sus posturas.
Daniela Reyes, activista de Colectivas Las Calafias, ha informado que este fallo es resultado de un amparo interpuesto por la organización GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida). No obstante, señaló que, aunque este criterio legislativo es importante, todavía se requieren ciertos ajustes para que esta medida se convierta en una realidad.
“La idea principal es que esta despenalización quede oficialmente establecida en los Códigos Penales Federales y en la Ley General de Salud. Esto debe ser llevado a cabo por la Cámara de Diputados y Senadores a nivel federal, para que el aborto deje de ser un delito a nivel federal. En consecuencia, todas las instituciones de salud tendrían la obligación de brindar estos servicios y contar con la infraestructura y personal necesario para garantizarlos”.
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Añadió que es necesario que se reforme el Código Penal Federal y la Ley General de Salud para que el aborto sea oficialmente despenalizado a nivel federal, por lo que el paso siguiente es impulsar estas reformas para que esta resolución sea llevada a la práctica en cada una de las instituciones médicas.
“Actualmente, nuestro objetivo es impulsar estas dos reformas en el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. Una vez que se despenalice en estas dos legislaciones, los estados que aún no han legalizado el aborto deberán armonizar sus leyes. Esto significa que tendrán que reformar sus códigos penales estatales y leyes generales de salud para que este derecho sea una realidad para todas las personas en el Estado. No debe existir ninguna excusa por parte del personal o de ningún funcionario público para denegar, obstaculizar o dilatar el acceso a este derecho."
AUMENTAN CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
Según la información proporcionada por Daniela Reyes, activista en la Colectiva Las Calafias, en un contexto donde el aborto se encuentra legalizado en Baja California Sur, las cifras de carpetas de investigación relacionadas con este delito han experimentado un incremento en los últimos años.
Los datos recopilados indican desde 2015 hasta la fecha actual, se registraron un total de 71 carpetas de investigación por el delito de aborto en el estado, sin embargo, en el transcurso de 2023, se han sumado otras 6, lo que evidencia una preocupante tendencia de seguimiento a la criminalización de este acto.
A pesar de estas investigaciones, actualmente no hay personas cumpliendo condenas privativas de libertad en Baja California Sur debido a casos relacionados con el aborto. Esto podría ser un reflejo de la evolución en la comprensión de este tema y de la tendencia hacia su despenalización.
"Implementación y Desafíos en la Provisión de Servicios de Aborto en Baja California Sur".
En el Estado la interrupción legal del embarazo está regulada por la ley estatal, y la Secretaría de Salud ha venido brindando este servicio desde el año pasado.
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En este sentido, según datos proporcionados por la Secretaría de Salud, desde 2022 hasta la fecha, en el estado se han realizado un total de 467 servicios de aborto. De estos, en el año 2023 solamente, la SSA de Baja California Sur ha realizado 297 procedimientos de interrupción legal del embarazo, cumpliendo con los términos establecidos por la ley local que permite la realización de este procedimiento hasta las 12 semanas de gestación.
De acuerdo con la legislación vigente, los procedimientos de aborto deben ser realizados por la Secretaría de Salud, sin embargo, se planteó la propuesta de que cada institución médica atendiera a sus derechohabientes de acuerdo a las leyes locales. Esto implica que la Secretaría de Salud brindaría atención a las mujeres sin derechohabiencia, mientras que el IMSS atendería a sus derechohabientes y el ISSSTE a sus usuarias.
Según las colectivas, el IMSS e ISSSTE no practican el aborto debido a que son consideradas dependencias federales y se rigen por el Código Penal Federal.
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Estos datos reflejan la importancia de continuar avanzando en la garantía del derecho de las mujeres a acceder a servicios de salud reproductiva seguros y legalmente respaldados, a pesar de los desafíos que persisten en la implementación de la legislación en Baja California Sur.
El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de México cobra una relevancia aún mayor en este contexto, ya que sienta un precedente histórico que insta a la revisión y armonización de las políticas y prácticas en todo el país, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de este derecho fundamental.
Sin embargo, persiste el reto de asegurar que las instituciones de salud cuenten con la capacidad y los recursos necesarios para llevar a cabo estos procedimientos de manera segura y eficiente.
