La Paz, Baja California Sur (OEM-Informex).- La audiencia inicial de vinculación a proceso programada para el viernes 20 de enero de 2023, en contra del ex secretario de Finanzas, de la pasada administración estatal, por los delitos de ejercicio abusivo de funciones (contrato de servicios a empresas de familiares), y falsedad de servidores públicos, fue diferida para el mes de febrero del año en curso, en virtud de que la defensa solicitó tiempo por la magnitud de actos de investigación de la Carpeta.
En contexto, el pasado 3 de junio de 2021, el Presidente Estatal de Morena en Baja California Sur presentó ante la Contraloría del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, la denuncia de hechos, en contra de quien o quienes resultarán responsables de los delitos previstos por la Ley en materia Penal y Administrativa, en relación a una Agencia de Viajes, la cual está inscrita en su Declaración de Conflicto de Interés y a la cual fueron pagados más de 100 millones de pesos por el Gobierno del Estado, configurando así presuntos delitos del orden Penal y Administrativos.
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Cabe destacar que, después de las declaraciones vertidas por las autoridades de MORENA en BCS, en la referida agencia de viajes ocurrió un conato de incendio, el cual no pasó a mayores gracias a la intervención de Heroico Cuerpo de Bomberos de La Paz.
En ese tenor, la Contraloría General de Baja California Sur confirmó que se han interpuesto al menos 20 denuncias penales contra funcionarios de la pasada administración encabezada por Carlos Mendoza Davis.
Rosa Cristina Buendía, titular de esa dependencia, indicó que se iniciaron procedimientos de investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, entre otros y resaltó que derivado de las investigaciones e irregularidades que se han reportado al ministerio público, meses atrás fue vinculado a proceso el ex titular del Registro Público de la Propiedad en Mulegé por el delito de abuso de autoridad.
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El ex funcionario estatal canceló de manera ilegal dos embargos a favor de 96 trabajadores e inscribió, contraria a la ley, dos compra-venta de los mismos bienes en perjuicio de los trabajadores de la empresa calamarera Hanjin México, S.A. de C.V.
Finalmente, la titular de la Contraloría del Estado, expuso que se hizo justicia ya que fue un acto que afectó a más de 90 personas y no descartó que haya más ex funcionarios involucrados.