La Paz, Baja California Sur.- El resolutivo del juez sucede después de que el Poder Legislativo presentara un informe al Juzgador, manifestando que no era necesario vincular al Congreso a dictaminar la iniciativa de Ley de Movilidad enviada por el Ejecutivo del Estado, pues la entidad cuenta actualmente, desde el 27 de enero del año 2014 con un ordenamiento jurídico en materia de transporte para usuarios con discapacidad.

La presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Baja California Sur, diputada Milena Quiroga Romero y el presidente de la mesa directiva , diputado Homero González informaron que el día de ayer 04 de junio, el Juez Primero de Distrito en el Estado, emitió un acuerdo en el que requiere al Subsecretario de la Consejería Jurídica en representación del Gobernador del Estado de Baja California Sur, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, dé cumplimiento a las consideraciones, lineamientos y efectos de la sentencia de amparo y le remita las constancias relativas a dicho cumplimiento.

Milena Quiroga Romero dijo que lo que el juez resolvió significa que mientras el Tribunal Colegiado resuelve sí el Congreso forma parte de esta demanda, el gobierno del Estado deberá resolver y atender la demanda del ciudadano que hizo en primera instancia hacia el gobierno estatal y el Ayuntamiento de La Paz.

“Mientras esta instancia superior revisa, el juez dicto acuerdo obligado al gobernador del Estado a cumplir con la sentencia, haciendo o generando acciones tales como establecer políticas públicas y acciones para que se hagan las adecuaciones al transporte público colectivo en Baja California Sur, ya que desde enero del 2014 cuenta con la legislación en la materia de personas con discapacidad en la entidad y le da facultades al Gobierno del Estado y los cinco Ayuntamientos, así como las obligaciones para que garanticen este derecho.

El resolutivo del juez sucede después de que el Poder Legislativo presentara un informe al Juzgador, manifestando que no era necesario vincular al Congreso a dictaminar la iniciativa de Ley de Movilidad enviada por el Ejecutivo del Estado, pues la entidad cuenta actualmente, desde el 27 de enero del año 2014, con la legislación suficiente para salvaguardar los derechos humanos de las personas con discapacidad.

La misma legislación vigente establece con toda claridad la obligación de las autoridades para llevar a cabo políticas públicas y acciones concretas para su inclusión y no discriminación, en materia de transporte, comunicaciones y vialidades, además de que, conforme a la normatividad vigente en Baja California Sur, incluso existe la posibilidad legal de que las autoridades otorguen subsidios y estímulos fiscales para empresas de las diversas modalidades de transporte público.