La Paz, Baja California Sur.- Este martes quedó integrado e instalado el Comité Técnico Asesor de la Consulta a Pueblos y las Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la cual se deberá de llevar a cabo para que el proceso legislativo concluya con la entrada en vigencia de la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur.
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La diputada Eufrocina López Velasco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas y Afromexicanos de la XVI Legislatura del Congreso de BCS, encabezó la mesa de trabajo con asociaciones civiles, consejos indígenas municipales, autoridades electas como regidores y diputados, representantes del sector, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral, Secretaría de Educación Pública y asesores jurídicos, entre otros para formalizar los trabajos del comité técnico.
La legisladora expresó que hoy es el tiempo de sumar a todos los representantes para que la ley tenga vigencia en Baja California Sur y que este sector de la población sea visible y con mayor reconocimiento a sus derechos.
Aunque el comité quedó integrado con las representaciones asistentes, invitó a los representantes de asociaciones y comunidades a sumarse a este organismo.
Antecedentes
La Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur fue aprobada por la XV Legislatura (junio de 2019) y fue vetada por el Gobierno del Estado en ese periodo.
La nueva administración del Poder Ejecutivo publicó la ley el 17 de agosto 2022, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en contra del ordenamiento y su artículo 102, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por considerar que la emisión de la ley no cubrió los estándares establecidos en materia de consultas previas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como la falta de intérpretes de lenguas indígenas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación vinculó al Congreso del Estado de Baja California Sur para que dentro de los 12 meses siguientes a la notificación (24 de enero de 2025), lleve a cabo la consulta a pueblos y las comunidades Indígenas y afromexicanas, subsanando las faltas y en apego a diversos parámetros fijados en la resolución y posteriormente emita la regulación correspondiente.
La consulta a desarrollar contempla las fases de preconsulta informativa, de deliberación interna, de diálogo y de decisión.
Los resultados de la consulta serán comunicados a la SCJN para que inicie la vigencia de la ley.
Eufrocina López, en rueda de prensa, puntualizó que este martes se realizó la primera mesa de trabajo del Comité Técnico Asesor de la Consulta a Pueblos y las Comunidades Indígenas y Afromexicanas, para dar seguimiento a la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur que actualmente está parada por la SCJN.
Faltaron intérpretes
Precisó que de acuerdo con el poder judicial no se llevó a cabo el procedimiento conforme a derecho, pues faltaron intérpretes en las consultas, entre otras inconsistencias.
Puntualizó que en esta nueva etapa de consultas van a invitar a las comunidades indígenas y afromexicanas que viven en los cinco municipios de Baja California Sur, para que se sumen, integren y participen, a fin de cumplir con lo que la SCJN pide.
La legisladora aclaró que la ley no está vetada, sino inhabilitada, por lo que con los trabajos que hoy inician van a sustentar y respaldar todos los requisitos que pide la instancia judicial federal.
Indígenas en Baja California Sur
La diputada no precisó la cantidad de indígenas y afromexicanos que en la actualidad viven en Baja California Sur, pero por eso es importante que entre en vigor la ley inhabilitada, porque permitirá conocer y poner atención a los números, étnias y problemática de las comunidades indígenas y afromexicanas en esta entidad federativa.
Señaló que entre los principales problemas que hay entre estas comunidades está el tema de la vivienda y los servicios públicos, pues hay asentamientos humanos en Los Cabos, donde no hay electricidad, y los pobladores recurren a colgarse de los cables, lo que representa un riesgo para la vida de las personas que viven ahí.
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“Ya ha pasado, ya ha sucedido. Aparte de eso, no hay vivienda, no hay casas, no hay terreno para vivir, no hay muchas cosas, infraestructuras que le hacen falta, agua, luz y sobre todo carreteras, caminos”, señaló.
“Precisamente por eso esta consulta indígena va a servir de mucho. Primero que nada para contabilizar cuántos ciudadanos y ciudadanas indígenas vivimos actualmente, porque año a año va variando, entonces ahorita sí vamos a tener esa facultad”.
“Nos hace falta el catálogo de comunidades indígenas, pero no podemos avanzar si no tenemos ley”, concluyó.
