La Paz, Baja California Sur. – En una intensa jornada en el congreso de Baja California Sur, la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2022 terminó para 37 entidades que fueron auditadas, dejando un total de 3 mil 360 millones 381 mil 565 pesos y 28 centavos sin solventar.
Las diez entidades fiscalizadas con mayores montos pendientes de solventar fueron:
- Municipio de Los Cabos con mil 467 millones 273 mil 939 pesos y 31 centavos.
- El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapas) de Los Cabos, con 904 millones 350 mil 633 pesos y 30 centavos.
- El municipio de La Paz, con 245 millones 432 mil 258 pesos y 60 centavos.
- El Oomsapas La Paz, con 151 millones 709 mil 84 pesos y 84 centavos.
- El Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude), con 149 millones 318 mil 213 pesos y 54 centavos.
- El Oomsapas Comondú, con 63 millones 949 mil 427 pesos y 42 centavos.
- El municipio de Comondú, con 57 millones 135 mil 811 pesos y 47 centavos.
- El Instituto de Vivienda del Estado (Invi) de Baja California Sur, con 56 millones 121 mil 907 pesos y 46 centavos.
- El Instituto del Deporte del Municipio (Indem) de Los Cabos, con 48 millones 187 mil 736 pesos y 64 centavos.
- El Fideicomiso de Turismo de La Paz (Fitupaz), con 29 millones 762 mil 246 pesos y 62 centavos.
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De las 37 entidades revisadas, 11 lograron la aprobación de su cuenta pública. Entre ellas se encuentran el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Baja California Sur, el congreso y el gobierno del estado de Baja California Sur, la Administración Portuaria Integral (API) y la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).
Estas cumplieron con las observaciones y requisitos de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Estas entidades demostraron un manejo adecuado y transparente de los recursos públicos.
Diputados defienden resultados de auditoría
La diputada Gabriela Montoya Terrazas, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la ASE, destacó en su intervención la transparencia y rendición de cuentas como principios esenciales en un régimen democrático.
Montoya Terrazas subrayó que el informe de fiscalización fue realizado bajo principios de legalidad, eficiencia y confiabilidad, con el objetivo de verificar la administración de los recursos públicos y garantizar que estos fueran utilizados de acuerdo con la ley.
“Las cuentas claras garantizan finanzas sanas”, expresó Montoya, quien enfatizó que la fiscalización también responde al compromiso asumido por el movimiento de la Cuarta Transformación para garantizar transparencia en el manejo de los recursos.
En su intervención, la legisladora abordó las observaciones detectadas, señalando que no representan desviaciones de recursos sino pendientes de solventación que la auditoría continuará supervisando.
“La transparencia y la rendición de cuentas no es una cuestión de partidos, es una cuestión de responsabilidad,” enfatizó Montoya, al mismo tiempo que defendió el compromiso de la actual legislatura para asegurar un manejo responsable y libre de corrupción en las finanzas públicas.
La diputada Guadalupe Saldaña Cisneros, del Partido Acción Nacional (PAN), respondió enérgicamente a la posición de Montoya y denunció que Baja California Sur ocupa el segundo lugar a nivel nacional en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre recursos federales.
“No podemos ignorar que tenemos uno de los niveles más altos de observaciones en el país” afirmó Saldaña, citando que los fondos destinados para el estado reflejan un “manejo inadecuado” de los recursos públicos.
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Ante estas afirmaciones, Montoya defendió los resultados del análisis, argumentando que la revisión y el proceso de solventación de las cuentas son pruebas del compromiso del Congreso y del estado para cumplir con la legalidad.
