La Paz, Baja California Sur (OEM - Informex).- El dirigente estatal de la Coparmex Gustavo Díaz Tronco afirmó que la iniciativa del diputado Christian Agúndez de fincar créditos fiscales a los deudores de agua potable es inviable, debido a que se trata de una atribución exclusiva de la Secretaría de Hacienda, con la que incluso se puede embargar bienes a los afectados.
En opinión del líder del sindicato empresarial, el Congreso del estado no tiene capacidad jurídica para aplicar créditos fiscales, aunque que sí podrían hacer es acordar con el Buró de Crédito para inscribir en ese programa a los que tengan adeudos de agua potable.
Para imponer un crédito fiscal debe de intervenir el Sistema de Administración Tributaria, y en todo caso, tendría que hacerlo con todos los municipios del país; no creo; para eso tendrían que cambiar la ley tributaria federal, agregó.
Aun así, en caso de que lo aprobara el Congreso del estado, no sería factible porque no se podría aplicar, entre otros, porque gran parte de los usuarios de agua potable ni siquiera están inscritos en el Sistema de Administración Tributaria, (SAT), dijo.
Coincidió en que es necesario que los organismos operadores de agua potable y alcantarillado deben de mejorar su cobranza, quizá con la incorporación al Buró de Crédito se podría llevar un historial de cada usuario, sin embargo no veo cómo se puede convertir en un crédito fiscal, reiteró.
Recordó que en la actualidad cualquier traslado de dominio de una propiedad requiere necesariamente de una carta de no adeudo del agua, pero el problema de fondo es que no hay buenos procesos de cobranza y en ocasiones se utiliza con fines políticos electorales, utilizando este servicio con propósitos clientelares.
Suscríbete aquí a la edición digital de El Sudcaliforniano
Aclaró que un crédito fiscal nace de un adeudo de un impuesto y puede llegar hasta el embargo de los bienes del contribuyente moroso; en el caso del agua, no vemos como se podría implementar, concluyó.
Según el diputado Christian Agúndez, lo que se pretende con esta medida es mejorar la recaudación de los Sistemas Operadores de Agua, dando más facultades al ayuntamiento.
Recordó por ley el agua debe ser gratuito, y lo que se cobra es la infraestructura que se necesita para poder llevar el líquido a las viviendas; el agua no se cobra, afirmó, y anunció que va a aclarar el panorama sobre esta iniciativa, en el momento en que se llegue a revisar el dictamen.
