La Paz, Baja California Sur (OEM-Informex).- La única opción para los trabajadores de la burocracia estatal, federal y municipal que cotizan al ISSSTE de revertir la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó calcular la pensión en 10 UMAS y no en veces el Salario Mínimo es acudir a tribunales internacionales, una vez que en México se han agotado todos los recursos legales sobre este tema y la sentencia del máximo tribunal es inatacable.
ALTA BUROCRACIA
Los más afectados, son los que forman parte de la alta burocracia y los maestros con doble plaza a cargos mejor pagados, que hasta antes de esta sentencia se jubilaban con 42 mil pesos al mes; de ahora en adelante su pensión no será mayor de 10 salarios mínimos, es decir poco más de 26 mil pesos mensuales.
La medida aplica también para trabajadores de otras instituciones cuyos trabajadores cotizan al ISSSTE, y en donde se les paga sueldo y sobre sueldo.
Sobre esta controversia, el ex dirigente de los burócratas del estado y municipios y hoy asesor de la Asociación de Jubilados y Pensionados Francisco Javier Osuna Frías confirmó que la sentencia de la SCJN del 23 de febrero de 2021 dejó sin efecto los amparos con los que se peleaba el pagos de las pensiones en salarios mínimos, y queda en firme que para el cálculo de esta prestación se tome en cuenta la llamada Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Esto quiere decir que aunque un trabajador cotice al ISSSTE 100 mil pesos al mes, su pensión no será mayor a 10 UMAs.
PREJUBILATORIA
Explicó que en el caso de los trabajadores del estado y municipios, la figura de la prestación prejubilatoria permite al trabajador acceder al máximo de la pensión, debido a que en el último año de labores el gobierno le aumenta el sueldo para cotizar los poco más de 13 mil pesos quincenales, monto con el que de acuerdo a la Ley del ISSSTE se calcula el monto de la pensión.
Explicó que los trabajadores de la burocracia estatal reciben ingresos por cuatro conceptos; sueldo, sobresueldo, quinquenio y compensación; esta última, es la que varía en el último año y la que se ajusta para que aporte los 13,500 pesos a la quincena, recurso que es aportado por el estado y los municipios.
Con todo y que el monto de la jubilación sigue siendo motivo de inconformidad y de preocupación especialmente para quienes forman parte de altos cargos y perciben sueldos muy altos, Osuna Frías destacó que está latente otra problemática:
COMPROMISOS DE CAMPAÑA
Informó que durante la campaña, el gobernador y los ahora alcaldes electos de La Paz, Comondú y Los Cabos, firmaron un acuerdo con el que se comprometieron a pagar las prestaciones a la burocracia en salarios mínimos y no en UMAs, una demanda que gobiernos anteriores y el actual no quisieron atender debido a su inviabilidad financiera.
Citó como ejemplo que en caso de llevarse a los hechos, algunas prestaciones y bonos aumentarían de 15 mil a 35 mil pesos porque se tasarían de acuerdo al salario mínimo como indica el contrato vigente, y no teniendo como referencia al Salario Profesional como sucede en la actualidad.
Se trata, dijo, de cifras impagables, muy difícil de cumplir, no sabemos qué vaya a pasar; son cifras descomunales, recalcó, y en todo caso esta problemática deberá de ser atendida por la próxima dirigencia del sindicato de burócratas que se elegirá en el mes de octubre.
Habrá que ver si el próximo gobernador se quiere hacer cargo de las nóminas de los municipios, añadió.
En ese mismo sentido, aclaró que aunque el acuerdo político solo se firmó para tres municipios, tratándose de un sindicato único, aplicaría para todo el estado, incluyendo a los 5 ayuntamientos, a los poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Operadores de Agua y la Junta Estatal de Caminos; En total, serían más de 6 mil 200 los beneficiados.
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ACUERDO ADMINISTRATIVO
En entrevista por separado, una fuente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación confirmó que contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de marzo del 2007 que limitó a 10 UMAs el monto máximo de la pensión ya nada se puede hacer, salvo acudir a tribunales internacionales, algo que el SNTE no va a realizar.
Con todo y eso, no descartó la posibilidad de que el presidente de la república atienda la demanda que sobre este asunto le expuso la dirigencia nacional del sindicato, y revierta la medida con un acuerdo administrativo, es decir no por la vía de una controversia jurídica sino por una decisión política.
De revertirse, la medida no beneficiaría a la totalidad de los maestros del país, pero sí a quienes trabajaron con plaza adicional, a los de secundaria, a los de nivel C, a Directores, Subdirectores, Técnicos Pedagógicos y Jefes de Sector, entre otros.
