La Paz, Baja California Sur, (OEM-Informex).-La delegada de la Secretaría de Bienestar y Coordinadora de Programas Federales en Baja California Sur Diphna Yanssén Weichselbaum confirmó que desde el pasado viernes Jesús Echevarría Haro funge como encargado del despacho de la delegación de la SEMARNAT, en sustitución de Daniela Quinto Padilla, quien permaneció en el cargo desde diciembre del año 2018.
Echevarría Haro quedará como encargado, hasta que se le otorgue el nombramiento oficial como representante de esa institución en la entidad, un nombramiento que emite el Secretario del ramo, en este caso María Luisa Albores González.
Según información de sus redes sociales, Echevarría Haro estudió Economía del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y estudió Economía en la Universidad Autónoma de Guadalajara; es originario de Mexicali y tiene 66 años de edad; fue presidente del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna y asesor del diputado local Camilo Torres en la XIV legislatura.
Ha sido uno de los principales activistas defensores del medio ambiente, especialmente en contra de los proyectos mineros en el municipio de La Paz.
Más recientemente, y junto con otros activistas, encabezó un movimiento de protesta en contra de la presencia de Cruceros en la Bahía de La Paz, buques que permanecían fondeados sin pasajeros, en espera de la reactivación de sus rutas turísticas, suspendidas a causa de la pandemia de Covid-19.
Derivado de este movimiento, finalmente las empresas navieras decidieron retirar sus buques de la bahía y llevarlos a otros puertos.
Entre otras, la delegación de la SEMARNAT destaca por su importancia en materia de autorización o rechazo de proyectos de inversión en donde hay impactos al medio ambiente, y por sus facultades para decretar Áreas Naturales Protegidas y Refugios Marinos, además de la emisión de diversas normas y regulaciones.
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En los últimos años, la dependencia ha sido actora principal en temas polémicos como la mortandad de tortugas en el Golfo de Ulloa que estuvo a punto de provocar un embargo pesquero de Estados Unidos a México, y que obligó al gobierno federal a declarar un refugio marino y uno pesquero en la zona.
Otro más, relacionado con la intención de un grupo ambientalista que pretende se decrete un Area Natural Protegida en las sierras La Giganta y Guadalupe, en más de 1.6 millones de hectáreas casi todas propiedad de 20 ejidos, cuya gran mayoría se han opuesto a este proyecto, y entre los más polémicos, los proyectos mineros en la Sierra La Laguna.
Es también responsabilidad de esta dependencia, el tema del Área de Protección de Flora y Fauna Bahía de Cabo San Lucas, una ANP en donde no se permite el anclaje ni la pesca y donde operan más de mil prestadores de servicios y arriban más de 300 cruceros al año.
