La Paz, Baja California Sur. – La investigadora Violeta Núñez, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y especialista en minería y políticas extractivas, alertó que la amenaza de la minería submarina en México y Baja California Sur persiste.

En su intervención, afirmó que el proyecto de minería submarina conocido como Don Diego, promovido por la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, en el municipio de Comondú, sigue en pie, a pesar de las prohibiciones vigentes.

"El proyecto está vivo", subrayó Núñez, haciendo un llamado a la organización y movilización social para detenerlo definitivamente.

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¿Qué busca la empresa?

Núñez explicó la Ley de Minería de México prohíbe expresamente la minería submarina en áreas protegidas y en aquellas donde se pone en riesgo a la biodiversidad y los ecosistemas.

Sin embargo, Odyssey Marine Exploration ha declarado recientemente que ganó un litigio contra el Estado Mexicano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones un organismo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Según la empresa, México debería pagar 37 millones de dólares, además de otros costos derivados del proceso legal.

"Odyssey ha afirmado que no solo deben pagarle, sino que seguirán adelante con el proyecto", advirtió la investigadora.

Destacó la urgencia de articular un frente común entre academia y medios de comunicación para impedir que esta iniciativa prospere.

¿Qué podemos hacer?

Violeta Núñez invitó a la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) a organizaciones como Cómo Vamos La Paz y a otras instituciones académicas como la UNAM a unirse para frenar lo que describió como "el primer paso para explotar los minerales del territorio marino mexicano".

Recalcó la importancia de una alianza entre la academia y los medios de comunicación para visibilizar este tipo de amenazas: "Podemos construir un frente único para detener esta amenaza al medio ambiente y a nuestro territorio".

¿Qué impacto tiene?

La minería submarina ha sido duramente cuestionada por los graves impactos ambientales que genera en ecosistemas marinos sensibles.

En el caso del proyecto Don Diego, que pretende extraer fósforo del fondo marino de la costa de Baja California Sur, las preocupaciones giran en torno a los daños irreparables a la biodiversidad marina, incluyendo especies protegidas como la tortuga caguama.

Según el resumen ejecutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto "Don Diego", se planea la extracción de 7 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino cada año durante 50 años, utilizando un sistema de dragado.

Aunque se han propuesto ciertas medidas de mitigación, como la reducción del tamaño de la concesión para evitar áreas de migración de especies marinas y el uso de un motor eléctrico en el cabezal de la draga para disminuir el ruido, los impactos ambientales siguen siendo motivo de gran preocupación.

El dragado podría afectar la calidad del agua y destruir el hábitat de especies bentónicas como ostras y almejas, lo que afectaría la cadena alimenticia marina y la biodiversidad del Golfo de Ulloa.

Asociaciones internacionales opinan

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) también ha señalado diversos riesgos asociados al proyecto Don Diego.

Uno de los principales problemas es la incertidumbre sobre los impactos reales que esta actividad podría generar, dado que sería la primera mina de fosfato en su tipo en México y el mundo.

Otros países, como Namibia y Nueva Zelanda, han rechazado proyectos similares debido a los graves impactos potenciales.

El proyecto afectaría un área ecológicamente rica y vulnerable, como el Golfo de Ulloa, que es un hábitat crítico para especies como la tortuga caguama y la ballena gris.

La extracción de fósforo en estas aguas podría generar un daño irreversible al ecosistema marino, con consecuencias directas en la pesca y las familias que dependen de ella.

La investigadora Violeta Núñez se despidió con un contundente llamado a la acción: "Aunque la ley está de nuestro lado, no podemos confiarnos. El proyecto sigue vivo y es nuestra responsabilidad, como ciudadanos y como académicos, hacer todo lo posible para detenerlo".

La comunidad científica y ambientalista ha expresado su preocupación por el impacto acumulativo del dragado y la deposición de sedimentos, que podrían bloquear la luz necesaria para la fotosíntesis marina y destruir el equilibrio del ecosistema.

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La MIA reconoce la generación de sedimentos como uno de los impactos significativos, además de la pérdida de hábitats críticos para especies en riesgo.

El ruido subacuático y el aumento del tráfico marítimo también representan una amenaza para la fauna marina que utilizan el Golfo de Ulloa como área de refugio y crianza.

Violeta Núñez advirtió que la lucha por la defensa del territorio marino mexicano continúa, y la movilización social y académica es crucial para asegurar que este tipo de iniciativas no se conviertan en una realidad.