La Paz, Baja California Sur (OEM-Informex).- La aprobación de la Miscelánea Fiscal que tuvo lugar este martes en el Senado de la República y antes, en la Cámara de Diputados, obligará a los productores del sector primario organizados de Baja California Sur a pagar cantidades millonarias de Impuesto Sobre la Renta, de hasta el 30% sobre sus utilidades.

Entre los más afectados, destacan los productores que se aglutinan en figuras jurídicas como Cooperativas, Ejidos, Uniones de Ejidos, Asociaciones Rurales de Interés Colectivo y Sociedades de Producción Rural, entre otros, que hasta antes de esta reforma recién aprobada estaban exentos del Impuestos y además contaban con facilidades administrativas por parte de la Secretaría de Hacienda.

EJIDOS TAMBIÉN PAGARÁN

Aunque el monto de los impuestos a pagar varía según las utilidades de cada organización, en todos o casi en todos los casos las cifras serían cuantiosas debido a que se trata de asociaciones con gran número de socios y producciones de grandes volúmenes y en ocasiones de gran valor en el mercado, como es el caso de las cooperativas pesqueras que se dedican a la captura y comercialización de langosta, abulón, caracol, pepino de mar, callo de almeja catarina, almeja generosa.

Así como escamas como el huachinango, el jurel, la cabrilla y otras de gran valor en el mercado nacional y extranjero; los mismo sucedería con exportadores de hortalizas orgánicas de Los Cabos y productores de higo de Vizcaíno.

A solo unas horas de que el Senado aprobada esta reforma, las áreas contables de las cooperativas, ejidos y otras organizaciones se encuentran haciendo sus corridas financieras para calcular el monto de lo que habrá de pagan el próximo año, y con cifras preliminares, algunas estiman que podría rebasar en algunos casos los 5 millones de pesos.

REFORMA DESTRUIRÁ COOPERATIVAS

En virtud de que la reforma solo afecta a los productores organizados en alguna figura jurídica y no a los personas físicas, algunos dirigentes pesqueros han visto la posibilidad de regresar a la explotación individual a fin de evitar estos gravámenes, sin embargo en los hechos esto no es posible, porque las concesiones y los permisos están a nombre de las cooperativas, lo mismo que las tiendas de autoconsumo, el equipo de transporte, las bodegas, los laboratorios y las plantas de procesamiento.

Pese a lo anterior, estiman que la reforma fiscal habrá de desincentivar el cooperativismo y alentar a los pescadores a trabajar de manera individual, lo que representa un riesgo para el aumento en la pesca furtiva y el desplome de precios de los productos, ya que cada quien vendería por su cuenta.

En los hechos, con la miscelánea fiscal del 2022 se estaría destruyendo con cooperativismo que en el caso de Baja California Sur inició hace más de 50 años, logrando un modelo de explotación colectica que es referencia nacional e internacional, y que fue resultado de una política implementada desde 1938 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas.

No nos podemos reinventar una forma de trabajo de un año para otro, declaró a El Sudcaliforniano un líder pesquero cuya identidad pidió ser resguardada; lo que viene para las cooperativas es la catástrofe, con una reforma que llega justamente cuando nuestra gente después de décadas de abandono y sacrifico comenzaba a alivianarse.

SENADORES DE LA 4T

Entre los dirigentes pesqueros hay desánimo; pese a que el gobernador Víctor Castro les ofreció su respaldo e incluso pidió a los legisladores federales por Baja California Sur rechazar esta iniciativa a la hora de la discusión en el Congreso de la Unión, en los hechos no hubo resultados: al final la reforma se aprobó sin cambios sustanciales y sin cambiar nada de fondo; los senadores sudcalifornianos de la 4T Ricardo Velázquez y Lucía Trasviña no solo no los recibieron, ni la llamada les tomaron.

¿FACILIDADES ADMINISTRATIVAS?

Por el momento, el único logro de la comisión de directivos de organizaciones que acudieron a la Cámara de Diputados y al Senado para buscar revertir esta reforma fue una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda que se comprometieron a ofrecer a las cooperativas “facilidades administrativas”, una propuesta que fue interpretada por algunos como un triunfo, y para otros como una alternativa intrascendente porque no atiende el fondo del problema.

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EL AMPARO, UNA OPCIÓN

Incluso, entre los que no ven en esta opción una solución real, se analiza la posibilidad de recurrir al amparo de la justicia federal, debido a que con esta reforma se habría quebrantado el principio de proporcionalidad tributaria, una vez que se aplica una tasa distinta a personas que realizan la misma actividad, en este caso, a personas físicas que trabajan la pesca y a las cooperativas a las que están integrados.

Hasta ahora, la única legisladora sudcaliforniana que se ha manifestado sobre este asunto es la Senadora Audelia Villareal, quien mediante comunicado de prensa lamentó la aprobación de esta reforma por considerar que la eliminación de los beneficios fiscales impactará de manera severa la economía de las cooperativas sudcalifornianas.