La Paz, Baja Californias Sur.- Tras la detención de un presunto ladrón quien llevaba consigo diversas boletas de empeño, que fueron emitidas por una empresa local que se dedica al préstamo de dinero prendario, la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de La Paz, procedió a la clausura de las 10 sucursales que pertenecen a la cadena, así lo dio a conocer el titular de dicha dirección, Homero Montaño Angulo.
Agregó que la clausura fue una determinación tomada durante los trabajos de la mesa de seguridad municipal, en la que se dieron a conocer los pormenores de la mencionada captura de un presunto delincuente.
Explicó que en el otorgamiento de la licencia para operar en el municipio, se menciona con absoluta claridad la imposibilidad de recibir artículos u objetos que hayan sido robados, ya que esto es un delito y es también una falta al reglamento municipal.
“Por lo tanto se procedió a imponer la clausura correspondiente, hasta que no arreglen la situación jurídica, además de que será objeto también de una multa económica” agregó.
En total fueron 10 las tiendas las clausuradas y al mismo tiempo, hizo un llamado a las demás empresas que se dedican a esta actividad dentro del municipio de La Paz, para que ayuden a la ciudadanía al no aceptar objetos que puedan venir de dudosa procedencia y no se metan en este tipo de problemas.
Las casas de empeño se rigen bajo un esquema que, de cierta manera, les concede libertades que lamentablemente no son utilizadas de la mejora manera por algunos de estos negocios y partiendo de esto, terminan por cometer abusos en contra de sus clientes y también faltas que la ley sanciona.
Al carecer de ciertas regulaciones se convierten en la mejor opción para los ladrones, quienes recurren a ellas para empeñar los objetos que obtuvieron de manera ilícita, sin embargo desde hace algún tiempo, se aplicaron nuevas reglas de operación con las que deben dar a conocer a las autoridades, hechos o actos que ellos detecten y perciban que pudieran estar relacionados con este tipo de delitos.
Se sabe que las empresas deben dar parte a las autoridades cuando reciben productos en los que no esté muy clara su procedencia o cuando tengan sospechas de que estos pudieron haber sido robados, ya que su participación es muy importante para que estas sean el destino final de los productos que son robados a los ciudadanos.