La Paz, Baja California Sur(OEM-INFORMEX).- Estuardo González, XIII regidor del Ayuntamiento de La Paz, señaló la falta de consulta y la toma de decisiones unilaterales son un problema constante en la administración del Ayuntamiento de La Paz.
Destacó que el gobierno municipal opera con puertas cerradas, lo que ha provocado una serie de manifestaciones por parte de diversos sectores de la población.
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Lo anterior se deriva de las recientes protestas encabezadas por los ejidatarios de El Sargento, quienes acusan a la alcaldesa, Milena Quiroga Romero, de llevar a cabo una simulación en los procesos territoriales de la localidad, presuntamente favoreciendo a extranjeros en detrimento del pueblo.
"Cuándo se toman decisiones que pueden afectar la vida cotidiana en nuestro municipio, la obligación es consultar a la ciudadanía. ¿Qué está sucediendo en nuestras comunidades rurales hoy? Los ejidatarios están levantando la voz muy fuerte porque han estado llegando a las comunidades solo para informarles sobre lo que ya se ha decidido detrás de un escritorio, sin considerar ni tener en cuenta la voz y las necesidades de las propias comunidades."
En este contexto, Estuardo González resaltó varios ejemplos, incluyendo la suspensión de los trabajos de recarga de pipas particulares en el pozo 8 de octubre, la problemática de los transportistas y las controversias en torno al fideicomiso de transporte, además del desalojo de comerciantes locales y el conflicto reciente relacionado con el reordenamiento del ejido El Sargento.
Hizo hincapié en que en todos estos casos se ha llegado a manifestaciones como último recurso para poder establecer un diálogo con la autoridad municipal.
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"Lo vivimos ya con los arquitectos y los vivimos con los transportistas; los vivimos con la gente que tiene su vida en la vía pública y bueno, es la constante de la administración municipal, no escuchar y pretender que el Ayuntamiento es su empresa privada."
Finalmente, el regidor habló sobre el fideicomiso de transporte, comparándolo con "Poncio Pilatos", donde el Congreso del Estado se "lava las manos", se desentiende de la responsabilidad y la devuelve al Ayuntamiento, argumentando que está dentro de sus facultades llevar a cabo la acción, sin embargo, esto se hace con la esperanza de que el Cabildo lo apruebe bajo el pretexto de que no compromete los recursos, cuando en realidad implica asignar recursos de manera anual.
